La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, recordó que en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre únicamente el Consejo Nacional Electoral (CNE) está facultado constitucionalmente para dar resultados oficiales, advirtiendo que ningún actor político debe adelantarse a los hechos ni proclamarse ganador antes de tiempo.
“El próximo 30 de noviembre Honduras necesita una elección que dé certeza, no duda, y eso comienza por la verdad fundamental: el único órgano constitucional responsable de entregar resultados oficiales es el Consejo Nacional Electoral, nadie más. Esa responsabilidad es enorme y decisiva para la confianza del país”, expresó Castellanos.
El CNA exhortó al CNE a presentar los datos preliminares de manera oportuna, clara y absolutamente transparente, señalando que cada minuto de silencio institucional en momentos críticos abre la puerta a la incertidumbre y afecta la confianza ciudadana.
Castellanos también exigió responsabilidad a los partidos y candidatos, subrayando que las palabras pueden construir confianza o destruirla. “Nadie debe adelantarse a los hechos ni proclamarse ganador antes de tiempo, la prudencia es parte del respeto al votante y al país”, enfatizó.
La directora del CNA destacó que, aunque el CNE es el único órgano facultado para comunicar resultados, la sociedad civil tiene un papel fundamental como garante adicional de legitimidad y respeto por la integridad electoral. “La vigilancia ciudadana fortalece, no sustituye el trabajo de las instituciones. La transparencia no divide, la transparencia es certeza”, puntualizó.
En un mensaje reciente, Castellanos aclaró que en las elecciones generales no existen censos políticos y que el voto no vincula a ningún ciudadano con partido alguno. “Sabías que cuando votas en las elecciones generales no quedas censado con ningún partido político, si alguien te dice lo contrario, te miente”, afirmó en un video difundido en redes sociales.
Finalmente, la titular del CNA advirtió que persisten prácticas indebidas en el proceso electoral, como funcionarios que amenazan con retirar beneficios, jefes que exigen pruebas de voto y políticos que anotan nombres de ciudadanos “como si la democracia fuera de su propiedad”.
