Hondumedios

General Ramiro Muñoz deja la dirección del INP y José Miguel Mejía asume el cargo

Este martes se oficializó la salida del general Ramiro Muñoz como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), puesto que había asumido en julio de 2023. La transición se da tras casi un año de gestión al frente de una de las instituciones más complejas del sistema de justicia hondureño.

La noticia fue confirmada por el propio Muñoz, quien se despidió del cargo con un mensaje institucional en el que agradeció la oportunidad de servir y deseó mucho éxito a su sucesor, el General de Brigada José Miguel Mejía Medina.

“Confío en que la nueva administración continuará fortaleciendo la seguridad penitenciaria con responsabilidad y profesionalismo”, expresó Muñoz.

Dijo que es un general activo de las Fuerzas Armadas, pero desconoce cuál será su futuro dentro de la institución castrense y pidió a los periodistas hacerle esa pregunta al jefe castrense, General Roosevelt Hernández.

A las consultas sobre si la decisión obedece a situaciones políticas, respondió que no es él quien tiene que confirmar o negar esos extremos. Apuntó que siempre cumplió órdenes en el marco de la ley, al tiempo que remarcó jamás acatará órdenes fuera de la ley.

Durante su tiempo en el INP, Muñoz tuvo que enfrentar numerosos retos vinculados al hacinamiento carcelario, el control de estructuras criminales dentro de los centros penales, y las demandas de reforma impulsadas por distintos sectores.

Aunque su gestión tuvo momentos controvertidos, también se destacan esfuerzos por mejorar los protocolos internos y establecer un mayor control administrativo.

El general José Miguel Mejía Medina, quien ahora toma las riendas del INP, es considerado un oficial con amplia experiencia en tareas de seguridad nacional. Su nombramiento ocurre en un momento clave, tras incidentes graves registrados en varios centros penitenciarios y llamados por parte de organizaciones nacionales e internacionales para reformar el sistema carcelario de forma integral.

Analistas esperan que esta transición permita una revisión profunda de las políticas penitenciarias en el país, con enfoque en derechos humanos, seguridad y reinserción social.

 

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