El presidente Nasry Asfura ordenó la cancelación de los nombramientos y contratos efectuados en los últimos minutos de la gestión de la expresidenta Xiomara Castro, al considerarlos sin valor ni efecto frente a la Administración Pública.
La medida fue confirmada por el Servicio Civil y se fundamenta en la Constitución de la República y en la normativa presupuestaria vigente.
La decisión se ampara en el artículo 205, numeral 19 de la Constitución, que otorga al Congreso Nacional la potestad de aprobar o improbar contratos que incluyan exenciones, incentivos, concesiones fiscales o que pretendan prolongar sus efectos más allá del período de gobierno en el que fueron suscritos.
Asimismo, la Normativa de Ejecución Presupuestaria del Gasto (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2025) establece que cualquier contrato que trascienda el período de gobierno debe ser ratificado por el Congreso Nacional. De lo contrario, carece de habilitación constitucional y legal suficiente.
El principio de legalidad y juridicidad administrativa obliga a la Administración a impedir la continuidad de compromisos que no cuenten con respaldo jurídico válido.
Declaratoria general
En virtud de lo anterior, se dispuso: Se declara la ineficacia de los contratos que pretendan producir o prolongar efectos dentro del actual período de gobierno, a partir del 27 de enero de 2026.
Todos los dictámenes de autorización de contratos realizados más allá del período de la administración anterior quedan sin valor ni efecto.
Se deja sin efecto el numeral 9, inciso B) del capítulo I de los lineamientos de contratación para 2026, contenidos en la circular 28-2025 emitida el 30 de diciembre de 2025.
Responsabilidad por incumplimiento
El gobierno advirtió que el incumplimiento de esta disposición, especialmente la autorización de pagos o compromisos prohibidos, hará incurrir en responsabilidad administrativa y legal a los funcionarios y servidores públicos involucrados, conforme al régimen aplicable.
La medida busca garantizar disciplina presupuestaria y respeto al principio de legalidad, evitando que compromisos adquiridos de manera irregular comprometan al nuevo gobierno.
Con esta declaratoria, el Ejecutivo marca un precedente en la aplicación estricta de la normativa constitucional y administrativa frente a prácticas de última hora que intentan extender efectos más allá del mandato correspondiente.
