Esta semana se dará a conocer a la empresa que se encargará de la construcción y supervisión de la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, en el Caribe hondureño.
El anuncio fue hecho este lunes por el Gobierno, a pesar del rechazo de organizaciones ambientales que advierten sobre la posible degradación de los ecosistemas de la zona.
Un total de 16 empresas participaron en el proceso de contratación directa, y dos de ellas han llegado a la fase final: una empresa hondureña y otra extranjera.
El coronel Ramiro Muñoz, interventor del Instituto Nacional Penitenciario (INP), confirmó que el próximo miércoles o jueves se conocerá a la empresa seleccionada. «Dentro de un año calendario, nos deben entregar el proyecto completo», añadió Muñoz.
Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), detalló que el proyecto se realizará en un plazo de 12 meses. «Será un gran proyecto, y uno de los principales retos es el traslado y los fletes. Los costos estarán detallados por la Secretaría de Defensa. Las construcciones en islas tienen un sobrecosto de aproximadamente 30% en comparación con tierra firme», explicó.
Pineda también señaló que el costo del metro cuadrado oscila entre 4,000 y 6,000 dólares, y que el recinto tendrá entre 125,000 y 140,000 metros cuadrados.
El costo estimado del recinto penitenciario es de 840 millones de dólares, y tendrá capacidad para 2,000 reclusos, calculando 6,000 dólares por metro cuadrado para los 140,000 metros cuadrados de la cárcel.
Jafeth Zablah, guía turístico y promotor ambiental, expresó su desacuerdo con el proyecto: «Construir esta cárcel en las Islas del Cisne es lo más absurdo del mundo, por todos los costos de logística: la construcción, mantenimiento y abastecimiento serán muy altos». Añadió que «la cantidad de desechos simplemente acabará con todos los ecosistemas que rodean a las islas. Este proyecto es contraproducente e irracional».
Además de la preocupación por la degradación ambiental, la Coalición Ambiental de Honduras, compuesta por diversas organizaciones, cuestiona la falta de transparencia en el proceso de contratación.
