Durante la gestión del gobierno de Xiomara Castro, comprendida entre 2022 a inicios de enero de 2026, las instituciones públicas ejecutaron la escandalosa suma de L6,277 millones destinados exclusivamente al arrendamiento de vehículos, aviones y equipos de transporte. Una profunda investigación de ICN reveló que este gasto superó por casi L390 millones la inversión documentada para la construcción de los hospitales de Roatán, Salamá, Ocotepeque y Choluteca, obras clave de salud pública que concluyeron el período gubernamental en total estado de inconclusión.
El análisis procesó 5,157 registros presupuestarios de 62 dependencias del Estado, evidenciando una erogación promedio que rebasaba los L4.39 millones diarios, o bien, L50.80 por cada segundo transcurrido. Lejos de mostrar una política de austeridad prometida a la ciudadanía, el gasto experimentó un crecimiento vertiginoso año con año, pasando de L825.64 millones en 2022 hasta alcanzar su pico más alto en 2024 con una factura de L2,265.85 millones.
Dentro de las instituciones estatales analizadas, la Secretaría de Seguridad acaparó el primer puesto de los recursos consumidos durante todos los años del mandato de Xiomara Castro. La institución pasó de gastar L464.21 millones en 2022 a superar los mil millones anuales de forma sucesiva, consolidando una marcada dependencia presupuestaria en flotas alquiladas por encima del resto de los organismos públicos.
A la par de la SEDS, empresas estatales como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) experimentaron aumentos abruptos en sus contratos de transporte, escalando desde los L25.13 millones hasta los L374.03 millones en sus ejercicios posteriores. Asimismo, el componente aéreo formó parte de las contrataciones ostentosas, destacando resoluciones como la emitida por la SEDS para adjudicar más de L24.8 millones orientados a 420 horas de vuelo.
Otras instituciones, como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende), también figuraron en los listados de arrendamiento vehicular para realizar censos y actividades de campo. Sin embargo, la acumulación masiva de estas adjudicaciones formó una red de traslados ejecutivos cuyo volumen general eclipsó las prioridades sociales del país.
La investigación de ICN expone que, si bien la documentación oficial detalla de manera transparente los nombres de los proveedores, las sumas millonarias y los tipos de vehículos contratados, resulta sumamente complejo identificar a los funcionarios específicos que ocuparon los asientos de estas unidades de lujo financiadas con el erario. Las caravanas de camionetas escoltadas con luces y sirenas policiales se volvieron parte del paisaje urbano capitalino.
De este modo, pone al descubierto la gran brecha entre el discurso oficial y la ejecución presupuestaria real durante el gobierno de Xiomara Castro. Mientras la población hondureña padecía carencias severas en los servicios sanitarios y obras de infraestructura inconclusas, los fondos públicos sirvieron para solventar una costosa factura de miles de millones de lempiras en transporte y aeronaves privadas.
