La incertidumbre continúa para miles de hondureños amparados en el Programa de Protección Temporal (TPS), luego de que el juez que lleva la causa anunciará que la resolución final se dará a conocer el 22 de enero de 2026.
El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, informó que se desarrolló una audiencia de más de cuatro horas, en la que la defensa de los tepesianos expuso sus mejores argumentos. Sin embargo, la decisión quedó pendiente, prolongando la angustia de las familias hondureñas.
“Nos dejaron en el limbo”, expresaron beneficiarios del TPS, denunciando además la cancelación de permisos de trabajo en medio del proceso.
Flores señaló que la espera es crítica, ya que algunos hondureños han sido detenidos, otros se han visto obligados a autodeportarse y cerca de 50 mil connacionales permanecen a la expectativa de la resolución.
Contexto del TPS
El TPS fue creado en 1990 como un mecanismo humanitario para proteger temporalmente a ciudadanos de países afectados por desastres naturales, conflictos armados o crisis extraordinarias.
Para Honduras, el programa se activó en enero de 1999, tras el devastador huracán Mitch, que dejó más de 5 mil muertos y destruyó el 70 % de la infraestructura nacional.
Desde entonces, el beneficio ha sido extendido 18 veces por administraciones de ambos partidos en EE. UU., convirtiéndose en un “estatus semipermanente” para muchos, pese a su carácter transitorio.
La controversia actual
La crisis se agudizó en julio de 2025, cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, bajo la administración Trump, anunció la terminación del TPS para Honduras a partir del 8 de septiembre, argumentando que las condiciones en el país habían “mejorado lo suficiente” para que los beneficiarios regresen.
La resolución del próximo 22 de enero de 2026 será decisiva para definir si los hondureños podrán mantener su permanencia legal y laboral en Estados Unidos o si deberán enfrentar un retorno forzado.
