Un tribunal estadounidense otorgó la apelación presentada por los abogados de Donald Trump contra la resolución que suspendía el Régimen de Protección Temporal por lo que miles de hondureños quedan expuestos a deportaciones nuevamente.
La incertidumbre vuelve a golpear a miles de hondureños residentes en Estados Unidos tras la decisión de una Corte de San Francisco, California, que concedió la apelación presentada por el gobierno estadounidense contra la resolución que mantenía vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, Nicaragua y Nepal.
El tribunal aceptó la solicitud de suspensión de la sentencia emitida el 31 de diciembre de 2025 por un juez de distrito, quien había anulado la terminación del TPS dictada por el Secretario de Seguridad Nacional. Con esta medida, la corte superior decidió “congelar” la aplicación inmediata de dicha sentencia, manteniendo en vigor la cancelación del programa mientras se resuelve la apelación definitiva.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la decisión como “una victoria para el estado de derecho” y argumentó que el TPS fue utilizado de manera indebida por administraciones anteriores como un programa de amnistía de facto. Según Noem, la mejora de las condiciones en los países beneficiados justifica la conclusión del régimen temporal.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 para otorgar permisos de residencia y trabajo a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos, desastres naturales o crisis humanitarias. En el caso de Honduras, fue aprobado en 1998 tras el devastador paso del huracán Mitch y entró en vigor en enero de 1999.
Aunque la Corte de San Francisco ha dado un paso que mantiene la cancelación del programa, la resolución no es definitiva. El futuro del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal dependerá de un nuevo pronunciamiento judicial en la apelación principal.
Fecha crítica: 31 de diciembre de 2025, el tribunal de distrito anuló la terminación del TPS. Decisión actual: Corte de San Francisco suspende esa anulación y mantiene la cancelación.
Consecuencia inmediata: miles de hondureños quedan nuevamente expuestos a procesos de deportación.
Situación jurídica: el caso sigue abierto; la cancelación no es definitiva hasta que se resuelva la apelación.
