Este martes 20 de enero de 2026, a la medianoche, finaliza la administración de Luis Redondo en el Congreso Nacional (CN), un período ampliamente cuestionado por diversos sectores de la sociedad hondureña, quienes lo califican como el peor Congreso de la historia.
Su gestión estuvo marcada por irregularidades desde el inicio, con una parálisis legislativa sin precedentes y decisiones que pusieron en entredicho la institucionalidad democrática del país.
Intento de desconocer las elecciones de 2025
La crisis institucional alcanzó su punto más álgido con el intento de Redondo de anular las elecciones generales de noviembre de 2025. A través de la Comisión Permanente, buscó adjudicarse el conteo de votos, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había emitido la declaratoria oficial. Incluso recurrió a una Cadena Nacional para difundir su mensaje, utilizando recursos estatales en un intento de legitimar su postura.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, respondió con firmeza, recordando que el organismo es un “órgano constitucional autónomo e independiente, sin subordinación a ningún Poder del Estado” y que la declaratoria oficial de elecciones fue emitida en estricto cumplimiento de la ley.
Recursos de amparo y rechazo ciudadano
Exfuncionarios del CNE y diputados electos de las bancadas nacionalista y liberal interpusieron recursos de inconstitucionalidad contra el decreto 58-2025, aprobado por el Congreso y publicado en La Gaceta, que ordenaba un recuento “voto por voto” en más de 19 mil Juntas Receptoras de Votos.
Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentran Roberto Callejas, Flavio Nájera, Denis Gómez, Jacobo Hernández, Kelvin Aguirre y Germán Lobo, quienes advirtieron que el decreto representaba un atentado contra la institucionalidad electoral y llamaron a las Fuerzas Armadas a cumplir su mandato constitucional de custodiar el material electoral y garantizar la paz.
Opacidad y subvenciones cuestionadas
La gestión de Redondo también estuvo marcada por la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos. Según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el Congreso saliente destinó casi 600 millones de lempiras en subvenciones, sin rendición de cuentas ni mecanismos claros de fiscalización.
El director del Observatorio de Política Criminal del CNA, César Espinal, señaló que este Congreso no solo continuó con la mala práctica de las subvenciones, sino que lo hizo “en un mayor exceso y con mayor opacidad”, profundizando la percepción de corrupción y clientelismo político.
Un legado de crisis institucional
La administración de Luis Redondo deja como saldo: Una parálisis legislativa inédita, con mínima productividad en la aprobación de leyes, intentos de intervención en procesos electorales, debilitando la credibilidad democrática, opacidad en el manejo de fondos públicos, especialmente en subvenciones.
Un Congreso que, lejos de fortalecer la institucionalidad, la puso en riesgo con decisiones arbitrarias y confrontaciones con otros poderes del Estado.
El cierre de este período legislativo marca el fin de una etapa caracterizada por la confrontación, la falta de transparencia y la erosión de la confianza ciudadana en el Congreso Nacional.
La sociedad hondureña espera que el nuevo Legislativo asuma con responsabilidad el reto de reconstruir la institucionalidad, garantizar la rendición de cuentas y devolverle al país un Congreso que legisle en favor de la democracia y el bienestar colectivo.
