El Informe sobre Derechos Humanos 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos presenta un panorama alarmante sobre la situación en Honduras, destacando una “impunidad generalizada” y “graves restricciones a la libertad de expresión y prensa”.
Esta evaluación no solo pone en evidencia la fragilidad institucional del país, sino que también cuestiona el compromiso del gobierno hondureño con los principios democráticos y los derechos fundamentales.
La denuncia de ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos revela un patrón sistemático de abusos que, lejos de ser excepcionales, parecen estar normalizados.
Aunque se reconoce que algunas instituciones judiciales han procesado casos, el informe subraya que la corrupción y la interferencia política impiden que se logre justicia efectiva.
Particularmente preocupante es el señalamiento sobre la autocensura entre periodistas y miembros de la sociedad civil, quienes temen represalias por parte del gobierno o sus simpatizantes.
Esta atmósfera de intimidación y censura no solo vulnera el derecho a la libre expresión, sino que erosiona el debate público y la rendición de cuentas.
El informe también destaca la violencia contra líderes sindicales y activistas ambientales, como los asesinatos de Juan López y Luis Alonso Teruel Vega, lo que evidencia que las poblaciones más vulnerables siguen siendo blanco de agresiones sin que haya una respuesta contundente del Estado.
El CONADEH reportó dos casos de agresiones violentas y dos casos de violencia y difamación contra periodistas y comunicadores sociales. La comunicadora social Magaly Zelaya Ferman fue agredida por fuerzas de seguridad mientras informaba sobre un bloqueo de carreteras durante una protesta en septiembre, señala el informe.
“El 13 de marzo, el Ministro de Seguridad criticó a una importante ONG por sus constantes informes sobre el estado del país y el impacto de las decisiones políticas del gobierno, y anunció que el gobierno había abierto una investigación sobre la ONG y la validez de su estatus como ONG”, destaca el Informe sobre Derechos Humanos en Honduras que divulgó la administración del presidente Donald Trump.
En materia laboral se destaca que el gobierno investigó la violencia y amenazas contra líderes sindicales, pero “la impunidad por estos delitos era alta”.
Torturas y tratos crueles
El informe señaló que el “Ministerio Público reportó 26 casos de presunta tortura por parte de las fuerzas de seguridad, mientras que el CONADEH reportó 37.
El CONADEH también reportó dos casos de violación sexual por parte de las fuerzas de seguridad, así como cuatro casos de violencia sexual. El Ministerio Público reportó un total de 123 casos de tratos crueles o inhumanos por parte de las fuerzas de seguridad, y el CONADEH reportó 76 casos a través del Ministerio de Derechos Humanos”.
También se destacó que el Ministerio de Derechos Humanos informó que 21 presos fallecieron bajo custodia, cinco de ellos a causa de violencia. Se investigan las causas de otras seis muertes.
El informe norteamericano no solo retrata una Honduras marcada por la violencia y la impunidad, sino que también lanza una advertencia sobre el deterioro democrático y el debilitamiento de las garantías fundamentales.
La falta de avances significativos en 2024 sugiere que los problemas estructurales persisten, y que se requiere una reforma profunda y un compromiso real con los derechos humanos para revertir esta preocupante tendencia.
