Un reciente informe del Congressional Research Service (CRS), la unidad de análisis bipartidaria del Congreso de Estados Unidos, ha encendido las alarmas sobre la situación política y social de Honduras en vísperas de las elecciones generales.
Un reciente informe del Congressional Research Service (CRS), la unidad de análisis bipartidaria del Congreso de Estados Unidos, ha encendido las alarmas sobre la situación política y social de Honduras en vísperas de las elecciones generales.
El documento señala preocupaciones profundas sobre la transparencia del proceso electoral, la fragilidad institucional y el impacto de factores externos como las deportaciones masivas y las tensiones bilaterales con Washington.
El CRS destaca que las instituciones hondureñas continúan siendo vulnerables, y que el proceso electoral enfrenta serias dudas sobre su credibilidad.
Las primarias de marzo fueron marcadas por fallos logísticos, denuncias de violencia política y presunto uso de recursos estatales en favor del partido oficialista Libre, lo que ha generado inquietud entre observadores internacionales.
El informe también subraya que la contienda presidencial se desarrolla en un clima de alta polarización, con un electorado desgastado por la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad.
A esto se suma el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022 en más de 200 municipios, que ha limitado derechos constitucionales y ha sido objeto de denuncias por abusos cometidos por fuerzas de seguridad.
En el plano internacional, el CRS advierte que las relaciones entre Honduras y Estados Unidos atraviesan momentos de tensión.
La reducción de fondos de cooperación y el endurecimiento de políticas migratorias afectan directamente a más de un millón de hondureños en territorio estadounidense.
Las remesas, que representan el 26% del PIB nacional y superaron los 9,700 millones de dólares en 2024, podrían verse comprometidas, especialmente ante un eventual endurecimiento de políticas bajo la Administración Trump.
El informe también plantea interrogantes sobre la postura de Washington frente a un posible fraude electoral. Aunque se han destinado fondos para la Misión de Observación Electoral de la OEA, no está claro cómo reaccionaría EE.UU. ante irregularidades en el proceso.
Finalmente, el CRS alerta sobre las consecuencias económicas de una deportación masiva, considerando que el 85% de las remesas provienen de Estados Unidos y que más del 62% de la población hondureña vive en condiciones de pobreza.
A pesar de que se proyecta un crecimiento económico del 3.5% para 2025, la estabilidad del país podría verse comprometida si no se garantiza un proceso electoral transparente y legítimo.
Este informe llega en un momento decisivo para Honduras, donde el futuro político y económico del país está estrechamente ligado a la calidad de sus elecciones y a la evolución de sus relaciones internacionales.
