El informe oficial sobre el clima de inversión en Honduras, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, lanza una advertencia clara: aunque el país centroamericano cuenta con sectores prometedores y una ubicación estratégica, su entorno económico sigue profundamente afectado por la corrupción sistémica, la inseguridad jurídica y la debilidad institucional.
El documento reconoce que dentro del gobierno de la presidenta Xiomara Castro existen funcionarios que “comprenden y apoyan” el papel de la inversión privada en la generación de empleo y crecimiento económico.
Sin embargo, también señala que otros tomadores de decisiones, incluyendo altos dirigentes del partido oficialista Libre, han adoptado una “actitud más hostil hacia el sector privado”.
“Estas actitudes contradictorias socavan los esfuerzos del gobierno por superar los constantes desafíos que enfrenta Honduras para crear un clima propicio para la inversión estadounidense y extranjera”, señala el informe.
Principales obstáculos para la inversión
El informe enumera una serie de factores que dificultan el desarrollo económico sostenido en Honduras:
- Corrupción generalizada y falta de consecuencias legales.
- Aplicación impredecible de impuestos.
- Disputas por la tierra y conflictos agrarios.
- Electricidad cara y poco confiable.
- Alta criminalidad y violencia.
- Infraestructura deficiente y limitada digitalización gubernamental.
- Bajos niveles de educación y gobernabilidad local débil.
Además, se advierte que la incertidumbre sobre políticas gubernamentales ha generado reticencia entre inversionistas para expandir operaciones en el país.
Riesgos legislativos y financieros
Entre los factores que aumentan la incertidumbre destacan: El proyecto de Ley de Justicia Tributaria, que busca modificar el régimen de exoneraciones fiscales, las dificultades para acceder y repatriar dólares desde la subasta de divisas del Banco Central.
El retiro de Honduras del Convenio CIADI, que protegía inversiones extranjeras mediante arbitraje internacional.
Corrupción e inseguridad jurídica
El informe subraya que la corrupción sigue siendo uno de los principales obstáculos. Casos de soborno, favoritismo en contrataciones públicas y captura institucional generan desconfianza en el sistema judicial y en los entes reguladores.
“La corrupción a todos los niveles del gobierno, combinada con la debilidad en la aplicación del Estado de derecho, genera desconfianza en el sistema judicial y en las instituciones reguladoras”, advierte el documento.
La inseguridad jurídica también se refleja en cambios legislativos sin consulta, como la eliminación de incentivos fiscales y la controversia sobre las ZEDEs, recientemente declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema.
Obstáculos operativos persistentes
Los inversionistas enfrentan dificultades como:
- Tramitología excesiva para permisos y licencias.
- Infraestructura energética y vial deficiente.
- Costos elevados en logística y electricidad.
- Procesos gubernamentales poco digitalizados.
Oportunidades latentes
A pesar de los desafíos, el informe identifica sectores con alto potencial para inversión estratégica:
- Energías renovables.
- Zonas francas y maquila.
- Agroindustria y exportación de alimentos.
- Turismo sostenible.
- Servicios tecnológicos e infraestructura digital.
También se reconoce el esfuerzo por mejorar la transparencia fiscal y fomentar inversiones responsables mediante financiamiento verde y cooperación internacional.
El informe concluye que el futuro de la inversión extranjera en Honduras dependerá de la capacidad del gobierno para tomar medidas firmes contra la corrupción, fortalecer el Estado de derecho y garantizar estabilidad regulatoria.
“Los inversionistas buscan previsibilidad, integridad institucional y garantías legales claras. Mientras estos elementos sigan ausentes, el potencial del país se verá truncado por su propia fragilidad interna”, sentencia el documento.
