Lejos de cumplir la enorme demanda de la sociedad hondureña que exigen acciones que favorezcan la transparencia y la lucha contra el financiamiento de campañas políticas con fondos estatales o provenientes de la criminalidad organizada, en la Unidad de Financiamiento, Trasparencia y Fiscalización (UFTF) se hace exactamente lo contrario por negligencia y componendas con algunos sectores políticos del país.
Las auditorías detalladas de los fondos utilizados en campañas políticas suelen demorarse entre 8 y 10 meses después de finalizadas las elecciones. Esto significa que los candidatos asumen sus cargos públicos, legislan o gobiernan municipios sin que la ciudadanía conozca con certeza científica si el dinero que financió su llegada al poder fue de origen lícito.
Asimismo la remisión tardía de expedientes obstruye el proceso de cobro y ejecución legal de las multas que sufre retrasos, requiriendo mesas de trabajo tardías con la Procuraduría General de la República (PGR) para coordinar cómo hacer efectivas las sanciones de elecciones pasadas.
Se conoció que los problemas anteriores tiene su cuello de botella en elecciones pasadas deficiente trabajo de la secretaría de ese ente y que está a cargo de la abogada Martha Martinez Reyna, quien a pesar de tener un contingente de más de 200 empleados, no ha sido capaz de implementar procesos para reducir la mora que impacta directamente la imagen de la UFTF.
El malestar que genera lo anterior ha provocado disensos entre las máximas autoridades de la UFTF que ya tomaron la decisión de destituir a mandos de la secretaria general pero no se ha materializado porque se conoció que “hay presiones de un alto funcionario de la administración Asfura” que se ha empecinado en mantener en el cargo a los mandos de es departamento hasta el mes de diciembre para que reciban los beneficios de ley, estipendios y jugosas prestaciones y ubicarlos en otra dependencia estatal.
Mientras eso ocurre, muchos que resultaron electos con opacidad y otros que fracasaron en el intento continúan en tiralidad impunidad y se ríen de la justicia hondureña y de la UFTF sobre la que ya hay intentos para suprimirla y adherir sus funciones al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
