En medio del creciente escándalo por el presunto desvío de fondos públicos desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, ha salido en defensa de los implicados, entre ellos el exministro José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar, aseguró que “un simple video no es suficiente” para emitir un juicio de corrupción.
El video en cuestión muestra a Cardona y Cuéllar discutiendo la distribución de fondos públicos, presuntamente utilizados para beneficiar a simpatizantes del partido Libre en Copán, mediante cheques de al menos 100 mil lempiras cada uno.
Cuéllar habría confesado haber entregado kits de campaña política, incluyendo equipos de sonido, camisetas y banderas, con dinero proveniente de Sedesol.
Dixon, exfiscal y ahora legislador, argumentó que las investigaciones por corrupción requieren más que una grabación: “La investigación de casos de corrupción es algo más complejo, es diferente a un delito común”, dijo, sugiriendo que el Ministerio Público aún está en proceso de recopilar pruebas documentales antes de presentar requerimientos fiscales.
Sin embargo, esta defensa ha sido vista por sectores críticos como una estrategia para diluir la gravedad del caso y proteger a figuras clave del oficialismo. La diputada Cuéllar, pese a estar implicada, continúa recibiendo salario del Congreso Nacional bajo un “permiso especial”, sin haber sido suspendida ni enfrentado acciones legales.
El vicepresidente del CN, Hugo Noé Pino, justificó su situación alegando que solo un juicio político podría removerla de su cargo.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público han iniciado investigaciones de oficio, solicitando documentación a Sedesol para verificar si los desembolsos mencionados en el video realmente ocurrieron.
La ciudadanía, por su parte, exige respuestas claras y acciones concretas ante lo que parece ser un nuevo capítulo de impunidad en la administración pública.
La postura de Jari Dixon refleja una preocupante tendencia en la política hondureña: la defensa institucional de figuras señaladas por corrupción, bajo el argumento de insuficiencia probatoria, incluso cuando existen confesiones explícitas.
Si bien es cierto que el debido proceso exige pruebas sólidas, minimizar el valor de una evidencia audiovisual que expone el uso indebido de fondos públicos puede interpretarse como una forma de encubrimiento político.
Este caso pone en tela de juicio el compromiso del partido Libre con la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente cuando los implicados continúan en funciones y gozando de privilegios estatales.
El escándalo de Sedesol drenó activos de los fondos públicos para hacer los famosos cheques valorados en al menos 100 mil lempiras cada uno para entregar a personas de Copán y hacerle campaña política a Rixi Moncada.
