El diputado y candidato por el departamento de Olancho, Jorge Cálix, hizo este martes un llamado urgente a toda la oposición política hondureña para conformar un frente único en defensa de la democracia, ante lo que calificó como un intento sistemático del oficialismo por boicotear el proceso electoral.
Durante una conferencia de prensa ofrecida en la capital, Cálix instó a los cuatro candidatos presidenciales de la oposición a sentarse y construir una alianza sólida que enfrente los embates del oficialismo. “Es momento de dejar las diferencias y unirnos por Honduras”, expresó.
El político denunció que el Partido Libertad y Refundación (Libre) mantiene una estrategia de ataque constante contra los opositores, y expuso su propio caso judicial relacionado con la inscripción como candidato a diputado, señalando que el oficialismo busca impedir que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) sesione, evitando así una declaratoria oficial.
Cálix recordó que en el pasado el TJE ha sesionado con solo dos magistrados, entre ellos Rixi Moncada, actual candidata presidencial por Libre. En ese contexto, exigió al Fiscal General que actúe con imparcialidad y persiga también a Moncada, como lo ha hecho con otros magistrados.
Además, denunció que la Comisión Permanente del Congreso Nacional estaría preparando un plan para inhabilitar a los magistrados del TJE, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, así como a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall.
“Ellos quieren que la Comisión Permanente ilegal nombre a los sustitutos del Tribunal de Justicia y del Consejo Nacional Electoral porque quieren inhabilitar a Mario Flores Urrutia, a Miriam Barahona, a Cossette López y a Ana Paola Hall. Ese es el plan”, afirmó Cálix.
Finalmente, advirtió que el Ministerio Público no investigará a Rixi Moncada, ya que —según él— la estrategia del oficialismo es amedrentar e inhabilitar a la oposición mediante acciones judiciales selectivas.
La declaración de Jorge Cálix se suma a una creciente preocupación por la transparencia y legalidad del proceso electoral rumbo a las elecciones generales de 2025, en un contexto político marcado por la polarización y la desconfianza institucional.
