El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió este viernes modificar las medidas cautelares impuestas a José Amílcar Hernández Flores, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, durante una audiencia de revisión de medidas.
Según informó el Poder Judicial, Hernández Flores es señalado por los delitos de apropiación indebida, estafa impropia y lavado de activos, por lo que inicialmente enfrentaba medidas más estrictas como la prisión preventiva. Sin embargo, el juez determinó sustituirlas por otras de carácter menos gravoso.
Nuevas medidas: Prohibición de salir del país, obligación de firmar periódicamente en la secretaría del Juzgado, restricción de ingreso a las instalaciones de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (Comixmul), presentación de una fianza monetaria de 20 millones de lempiras.
La investigación del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra Delitos Comunes (Fedcom) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), señala que los imputados participaron en un desfalco superior a 37 millones de lempiras.
De acuerdo con la acusación, se simularon contratos por servicios de consultorías y asesorías legales que nunca se ejecutaron. Los fondos fueron desviados de Comixmul, una organización creada para apoyar el desarrollo económico de cientos de mujeres.
El expediente indica que los recursos se utilizaron de manera irregular, afectando directamente a la cooperativa y truncando los beneficios que debían llegar a sus socias.
José Amílcar Hernández, coronel retirado y exasesor en Casa Presidencial durante el mandato de su hermano, ha estado vinculado públicamente a procesos judiciales relacionados con la familia Hernández. En 2019 participó en el juicio de Juan Antonio “Tony” Hernández en Estados Unidos, donde pidió que se declarara su no culpabilidad. En 2021, además, envió una carta al juez Kevin Castel solicitando clemencia para su hermano menor.
La causa contra Amílcar Hernández se mantiene en proceso, mientras continúa bajo las nuevas medidas impuestas por la justicia hondureña. El caso sigue siendo observado de cerca por la opinión pública, dado el impacto económico sobre la cooperativa afectada y la relevancia política de la familia involucrada.
