Opinión: El 25 de junio de 1975, en la hacienda Los Horcones, ubicada en el Valle de Lepaguare, departamento de Olancho, fueron brutalmente asesinados sacerdotes, mujeres y dirigentes campesinos. Sus cuerpos fueron arrojados a un pozo de malacate de 47 metros de profundidad.
Por este crimen atroz, que conmocionó a la nación y trascendió fronteras, fueron condenados Manuel Zelaya Ordoñez, Enrique Chinchilla, Benjamín Plata, Carlos Bärh, y sus cómplices Fernando Lardizábal Gilbert y Bernardo Casanova.
A medio siglo de estos hechos, el Estado hondureño guarda un silencio sepulcral. El gobierno actual ha optado por la indiferencia ante un crimen de lesa humanidad que debería formar parte de la memoria histórica del país.
Paradójicamente, muchas de las organizaciones defensoras de derechos humanos —que en otros contextos han alzado la voz con fervor— hoy muestran escaso interés por rescatar la vida, lucha y dignidad de las víctimas de Los Horcones. ¿Por qué?
La respuesta podría estar en la incómoda relación familiar entre uno de los perpetradores y la actual cúpula gobernante. Herederos de un linaje oligárquico de Olancho, estos actores tomaron por asalto un partido político tradicional para perpetuarse en el poder mediante una “consulta popular” ilegal. Hoy, ocultan ese pasado mediante un discurso teñido de progresismo, aliado con una “izquierda burguesa, perfumada y corrupta” que instrumentaliza la defensa de los derechos humanos con fines ideológicos y lucrativos.
Este revisionismo encubierto intenta borrar el legado de los mártires de Los Horcones, silenciar su sacrificio y distorsionar la historia en beneficio del poder. No podemos permitir que se mancille la memoria de quienes dieron su vida por la justicia. No podemos aceptar que la causa de los derechos humanos sea secuestrada por quienes pretenden usurparla.
La democracia hondureña, aunque imperfecta, es perfectible. Pero requiere vigilancia, memoria y coraje cívico. Frente a la amenaza de una familia devenida en partido político, que proclama libertad mientras practica el autoritarismo, los hondureños debemos asumir la responsabilidad histórica de defender nuestros valores republicanos.
Hoy más que nunca, estamos llamados a convertirnos en Defensores de Honduras.
