La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se pronunció enérgicamente contra la operación militar estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, calificando el hecho como una “afrenta a la soberanía y la independencia de los pueblos de América Latina y El Caribe”.
En su declaración, Castro señaló que la acción constituye un “desconocimiento absoluto y una derrota moral de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”.
“Condenamos esta barbarie y nos solidarizamos con el bravo pueblo de Venezuela, y con Nicolás Maduro y su esposa. No podemos permitir el retorno del colonialismo imperial”, manifestó la mandataria hondureña.
La presidenta reafirmó su respaldo al pueblo venezolano y al liderazgo bolivariano, subrayando que la intervención militar representa un retroceso para la región en términos de soberanía y autodeterminación.
Denuncia de injerencia en Honduras
Castro también vinculó la situación venezolana con la experiencia hondureña, asegurando que su país ha sido víctima de la intervención directa del presidente estadounidense Donald Trump durante el proceso electoral.
“Honduras también ha sido víctima de la injerencia y la intervención directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó al pueblo hondureño durante el proceso electoral por su intención de votar por Rixi Moncada, y acompañó un fraude electoral descomunal que hiere gravemente y pone en riesgo nuestra ya frágil democracia”, expresó.
Las declaraciones de Castro se suman a las voces críticas en América Latina que rechazan la operación militar estadounidense en Venezuela.
La postura hondureña refuerza el debate sobre el papel de Washington en la política interna de los países latinoamericanos.
El pronunciamiento también busca visibilizar las tensiones que Honduras ha enfrentado en sus propios procesos democráticos, en medio de acusaciones de fraude y presiones externas.
El mensaje de la presidenta hondureña podría intensificar las discusiones en organismos multilaterales como la ONU y la OEA sobre la legitimidad de las acciones emprendidas contra Venezuela y sobre la vigencia del principio de no intervención en la región.
