En Honduras, el enfrentamiento por el control de los centros penales ha adquirido proporciones alarmantes.
Por Juan Carlos Degrandez

Las autoridades se ven confrontadas a diario con una batalla contra estructuras criminales que buscan mantener su influencia desde el interior de estas instalaciones.
El control por el ente a cargo, de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) a través del Instituto Nacional Penitenciario (INP), ha dado buenos resultados, pero no todo depende de la presencia física, sino también los medios a través de los cuales los delincuentes continúan perpetrando sus actividades ilícitas.
Los centros penales en Honduras se enfrentan a una serie de desafíos, que van desde la violencia entre internos y la coordinación de actividades delictivas desde el interior de las cárceles.
El uso de teléfonos celulares por parte de los reclusos para comunicarse con el exterior y coordinar actividades criminales es el canal más común.
Esto facilita la extorsión, el secuestro, el chantaje y hasta órdenes para acabar con la vida de una o varias personas.
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Desde los centros penales, un simple teléfono con señal de cualquier empresa de telefonía, “es un arma que puede ser disparada infinidad de veces sin hacer ningún ruido”.
Enviando mensajes de extorsión a cientos de víctimas al mismo tiempo, ocurre lo mismo con las estafas.
Es altamente complicado controlar el ingreso de estos dispositivos a los centros penales, pues en la actualidad sabemos que incluso se utilizan drones para arrojarlos desde el aire al interior de los recintos penitenciarios.
No se necesitan cientos de teléfonos para cometer estas fechorías, lo que es obligatorio son las señales telefónicas, que, a pesar de regulaciones y multas de varios gobiernos, las empresas de telecomunicaciones siguen brindando estos servicios en las zonas de los centros penales.
Esta indiferencia ha costado muchas vidas y no parece existir voluntad para colaborar con las autoridades penitenciarias. No puedo imaginar una junta de directivos de una empresa, donde deciden por su ingreso ante el bienestar de la mayoría o incluso sobre una vida humana.

Para hacer frente a estos desafíos, las autoridades hondureñas han recurrido a diversas tecnologías, incluyendo sistemas de videovigilancia, escáneres de cuerpo y detectores de metales. Sin embargo, una de las herramientas más controversiales es el bloqueo de señales de celular dentro de los centros penales.
Además del bloqueo de señales de celular, es necesario abordar el uso indebido de las billeteras electrónicas para perpetrar delitos como extorsión y chantaje. En este sentido, se requiere una estrecha colaboración entre las autoridades gubernamentales y las empresas de tecnología financiera para implementar medidas que eviten el uso indebido de estas plataformas para fines delictivos.
Esto podría incluir la implementación de controles más estrictos en la creación y verificación de cuentas, así como la cooperación con las fuerzas de seguridad para investigar y prevenir actividades ilícitas.
Una simple llamada o mensaje, conectado con una billetera electrónica, puede terminar en un delito cometido (de los antes mencionados) dejando un registro casi nulo, confirmando que las estructuras criminales también evolucionan y utilizan nuevas tecnologías.

Un argumento válido para las telefónicas es que dejarían sin acceso a ese tipo de comunicación a las personas que viven en las periferias de los centros penales, pero si ponemos esto en una balanza, estoy seguro de que la mayoría del pueblo hondureño estaría de acuerdo con que eso pasara, en lugar de seguir sufriendo de la delincuencia generada desde los centros penales.
Existen tecnologías nuevas que permiten el bloqueo por segmentos, la inversión no es pequeña; sin embargo, sería algo que entre el gobierno y las empresas telefónicas podrían hacer sin mayor esfuerzo, todo por el bien de la mayoría de los hondureños.

Soy fiel creyente de la libre empresa, de hecho, fundé mi primera empresa a los 19 años y sigo siendo un empresario, pero también creo que las empresas deben aportar mucho más a las sociedades donde operan y obtienen ganancias. La Policía Militar está haciendo un gran trabajo, pero los esfuerzos a nivel de políticas son de vital importancia en esta era tecnológica.
Por parte del estado, se debe proveer el recurso a las autoridades a cargo de las cárceles para adquirir tecnología que permita hacer frente a las estrategias de las estructuras criminales. De quienes sabemos, tienen la capacidad para reclutar técnicos y acceder a la compra de tecnologías de gamas que nunca habríamos imaginado, pues sus actividades criminales son muy lucrativas.
Hago un llamado al gobierno y las empresas que proveen estos servicios, para que ponga atención en la seguridad integral de su población, y en este tema en particular son las autoridades políticas las que deben tomar la iniciativa y liderazgo para de una vez solventar este tema con las empresas telefónicas, no pueden seguir viviendo solo en la carrera electoral para mantener el poder, si sus ciudadanos están siendo asesinados a pleno sol y bajo el brillo de la bella luna que baña nuestro territorio.
Dios nos ilumine para ir por el camino correcto.