Sin que se haya ratificado el acta respectiva en el Congreso Nacional, el diputado, Luis Redondo, oficializó la publicación en el diario oficial La Gaceta de tres préstamos suscritos con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto total de 190 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 5,000 millones de lempiras.
Los préstamos fueron aprobados en sesiones legislativas marcadas por baja asistencia de diputados y un ambiente de controversia política.
Los montos de los prestamos
El primer préstamo es de 70 millones de dólares, aprobado el 7 de mayo, destinado a proyectos de preinversión pública y agua potable. Obtuvo solo 56 votos a favor.
El Segundo préstamo es de 80 millones de dólares, dirigido a programas de inclusión social e igualdad de género. También fue aprobado con poca participación de legisladores.
Tercer préstamo aprobado fue de 40 millones de dólares, orientado al fortalecimiento del sector cafetalero y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa). Se aprobó en la misma sesión en la que se discutió sin éxito la Ley de Justicia Tributaria.
La publicación de estos préstamos sin la ratificación del acta ha generado críticas y preocupaciones dentro del ámbito político y económico del país.
Algunos sectores han señalado que esta acción podría ser ilegal, ya que no se siguió el procedimiento legislativo correspondiente. Además, la oposición ha expresado su rechazo, argumentando que el país no ha sido aprobado para formar parte de este sistema de financiamiento.
Según el texto publicado en La Gaceta, la Secretaría de Finanzas formalizó el acuerdo con la CAF en representación del Estado hondureño. El documento fue suscrito por Maximiliano Ricardo Alonso, ciudadano belga, en representación de la CAF, con plenas facultades para actuar como prestamista internacional.
Sin embargo, legisladores de oposición y expertos en derecho constitucional han denunciado que el proceso carece de legalidad, ya que los préstamos fueron publicados sin que el Congreso Nacional haya aprobado el acta correspondiente, lo cual es un requisito indispensable para dar validez a cualquier votación o decisión legislativa.
Esto constituye una clara violación al principio de legalidad y al debido proceso parlamentario. No se puede publicar un decreto si no ha sido debidamente ratificado por el pleno, advierten varios diputados de oposición.
Este nuevo endeudamiento se suma a otros compromisos financieros adquiridos por el gobierno, lo que ha generado debates sobre la sostenibilidad económica y el impacto que estos préstamos podrían tener en el desarrollo del país.
