El magistrado Mario Díaz considera que el Código Penal es demasiado reciente como para pensar en modificarlo y que derogarlo sería inapropiado.
Por otra parte dijo que el tema debe ser debatido con todos los sectores de la sociedad y darles el espacio para que se puedan pronunciar en torno a si se deroga o se hacen reformas puntuales al Código Penal.
Reconoció que en el Poder Legislativo se ha planeado la posibilidad de derogar el Código Penal, pero evidentemente es un proceso que se debe construir con la participación ciudadana para tomar la mejor decisión.
Díaz apuntó que una de las falencias del actual Código Penal es que se reducen las sanciones en ciertos delitos, lo que fue advertido en su momento, pero aun así se aprobó y entró en vigencia en junio de 2020 en plena pandemia de COVID-19.
El magistrado especificó que los delitos contra la administración pública sufrieron rebajas considerables en la sanción penal.
Aseveró que los procesos de creación de una ley son complejos, por lo que deben dedicarse equipos de trabajo a analizar lo que corresponde con esta herramienta jurídica.
“Debe buscarse una norma que trascienda en el tiempo de tal manera que no estemos improvisando cada determinada cantidad de tiempo. Estas decisiones deben enmarcarse en lo que el país necesita, con mucha consulta popular”, finalizó el magistrado.
Por su parte la presidenta de la CSJ Rebeca Ráquel Obando dijo que redactar un nuevo Código Penal en Honduras, debe ser el Congreso Nacional el que llevará a cabo los análisis correspondientes para determinar si es necesaria una reforma o la creación de una nueva normativa penal.
Obando también aseguró que, llegado el momento, la CSJ emitirá su opinión sobre el nuevo Código Penal, alineándose con lo que consideren más apropiado. “Nosotros daremos nuestra opinión oportunamente para decir qué es lo que consideramos al respecto”, afirmó la alta funcionaria.
Respecto a la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne, Obando señaló que la decisión recae en el gobierno central, pero la CSJ tendrá que evaluar la propuesta y emitir su opinión en base a un análisis técnico y científico. “Haremos los análisis cómo deben de hacerse, técnicamente, científicamente, y son decisiones que se toman a otro nivel. No corresponde a nosotros tomar esa determinación, podemos dar una opinión”, concluyó la presidenta de la CSJ.
