En una acción que ha generado amplio revuelo político, el consejero del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, presentó este miércoles una denuncia ante el Ministerio Público sobre un presunto plan para desacreditar y desestabilizar el proceso electoral general previsto para noviembre de 2025.
Acompañado por activistas del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ochoa declaró que posee una memoria USB con 24 audios que documentan conversaciones entre una consejera del CNE y un jefe de bancada del Congreso Nacional.
Según el consejero, en dichas grabaciones se evidencia una concertación para generar una crisis de legitimidad postelectoral y socavar la confianza en los resultados.
Ochoa afirmó que los hechos denunciados podrían configurar delitos graves como: Sedición, traición, asociación ilícita y asociación terrorista, conspiración, tráfico de influencia, cohecho, negociaciones incompatibles, coacción y amenaza electoral.
Aseguró que estas acciones atentan contra la seguridad del Estado, el orden público y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
El consejero también alertó sobre la importancia de proteger el sistema de transmisión de resultados, que estará a cargo de tres empresas especializadas. Señaló que cualquier interrupción en estos canales podría tener un impacto negativo en la integridad del proceso electoral.
“Estas acciones no son aisladas o inocuas, revelan una concertación entre actores con capacidad real de capturar etapas críticas del proceso electoral”, enfatizó.
Ochoa responsabilizó directamente al Partido Nacional y al Partido Liberal, argumentando que ambos tienen “una historia acumulada de fraude electoral”. Sostuvo que los audios presentados constituyen pruebas físicas y auditivas que respaldan su denuncia.
Finalmente, solicitó al Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, que se identifique y sancione a todos los responsables del supuesto plan desestabilizador, y que se tomen medidas preventivas para evitar que se consume cualquier intento de sabotaje electoral.
Este caso se suma a una creciente tensión política en el país, en medio de un proceso electoral que ya enfrenta desafíos técnicos, institucionales y de credibilidad.
