Más de siete mil demandas laborales por violación a derechos se han presentado en contra del Estado hondureño en lo que va del periodo de gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya.
Hondumedios obtuvo el registro de demandas que maneja la Procuraduría General de la República (PGR) y los Juzgados de lo Laboral y Contencioso Administrativo, mismos que reflejan este elevado número de procesos que enfrenta el gobierno debido a despidos supuestamente injustificados e irregulares al no seguir los procedimientos de ley.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo que conoce las demandas de los empleados públicos con acuerdo y regidos por la Ley del Servicio Civil contabiliza, desde el año 2021, más de 2,599 demandas en las que los ahora exempleados piden el pago de prestaciones, reintegro laboral con pago de sueldos y salarios dejados de percibir, y otros beneficios que les garantiza la ley.
Por su parte, el Juzgado de Letras del Trabajo en Francisco Morazán, que atiende las demandas de los empleados del nivel central y regidos por el Código del Trabajo, registra 3,362 demandas hasta marzo de 2023.
En el Juzgado del Trabajo en San Pedro Sula se registran 1,473 acciones en contra del Estado, lo que suma un total de 7,473 expedientes a nivel nacional. Aunque las demandas podrían ser muchas más debido a que muchos de los expedientes contienen demandas colectivas de muchos ciudadanos.
Al realizar un análisis minucioso sobre las instituciones demandadas, se puede concluir que todas las instituciones públicas tienen acciones incoadas por violar los derechos de los empleados. Destacan por el número de casos la Secretaría de Seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Justicia y Descentralización, la Secretaría de Derechos Humanos y las ahora Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
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Mora judicial
Este elevado número de demandas, sumado a las que ya conocían los Juzgados del Trabajo, sin lugar a dudas aumentará la mora judicial y dilatará el tiempo para dictar sentencias que, de ser condenatorias contra el Estado, traerán cantidades multimillonarias en contra de las finanzas públicas.
Al revisar los procedimientos que debe seguir un empleado despedido, este inicia con el proceso de conciliación en la Secretaría del Trabajo, la cual está tardando más de 30 días en fijar fecha. Si no hay acuerdo, pueden realizarse dos más, lo que en total podría añadir 60 o más días al proceso para agotar el proceso administrativo.
Dependiendo de la legislación que regule la relación laboral, los demandantes regidos por el Servicio Civil tienen de 15 a 30 días para acudir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, mientras que el Código del Trabajo establece dos meses para presentar la demanda en los Juzgados de Letras del Trabajo.
El organismo judicial tiene 30 días para admitir la demanda, enviarla a subsanar o negarla. Luego inicia el proceso hasta llegar a la sentencia, que en promedio toma entre tres y cinco años, y más si se recurre a las instancias de alzada. Todos estos años corren en contra del Estado si es condenado, por lo que la mayoría de los demandantes que ganan sus procesos y los abogados reciben indemnizaciones millonarias.
Al dialogar con abogados laboralistas sobre por qué el Estado es condenado en tantas demandas, en su mayoría llegan a la conclusión de que hay dos factores:
La primera es que la mayoría de los casos los empleados son mal despedidos sin seguir el procedimiento establecido en las leyes y reglamentos, y además, las cancelaciones responden a motivaciones políticas sectarias sin causales justificadas.
Una segunda causa que contribuye a que se cumpla la famosa frase “ganarle al Estado es más fácil que pegarle a un bolo” es que la mayoría de los apoderados legales de las instituciones no son laboralistas, no conocen la materia y muchas veces ni siquiera conocen los casos. Además, los profesionales del derecho contratados tienen una alta carga de juicios, lo que les dificulta defender de la mejor manera a la administración pública.
El reconocido abogado laboralista, Fredin Funez, sostiene que el gobierno, para poder brindar oportunidades laborales a sus simpatizantes, debe tener mucho cuidado de no realizar despidos de manera indiscriminada y, sobre todo, debe seguir los procedimientos de ley que amparan a los empleados, tales como el derecho a las prestaciones, el trato respetuoso y el cumplimiento de la legalidad.
En lo que va de la administración de la presidenta Xiomara Castro, se estima que de 20 a 30 mil empleados han sido cancelados. Algunos recibieron sus derechos, otros fueron removidos debido a procesos de cierre de instituciones y un alto número fueron despedidos de manera irregular y demandaron al Estado. El gobierno que esté al frente de la nación en los años venideros deberá enfrentar las consecuencias de estas acciones irresponsables y sectarias de quienes dirigen actualmente la administración pública.
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