El fiscal general Johel Zelaya anunció públicamente el inicio de una investigación exhaustiva tras la presentación de audios por parte de Marlon Ochoa, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), que presuntamente evidencian un plan para manipular los resultados de las elecciones presidenciales programadas para el próximo 30 de noviembre.
Los audios, presentados ante la opinión pública, involucran directamente a la consejera Cossette López, un diputado propietario del Congreso Nacional y un militar activo de las Fuerzas Armadas.
Según el fiscal, las grabaciones sugieren una asociación ilícita orientada a provocar una crisis poselectoral mediante la alteración de la voluntad popular.
“Cualquier intento deliberado de manipular los resultados electorales constituye un delito de traición a la patria”, declaró Zelaya, subrayando que este delito es imprescriptible y conlleva penas de prisión de 15 a 20 años, además de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena.
Activación de unidades especializadas
En defensa de la soberanía popular y en cumplimiento de sus funciones constitucionales, el Ministerio Público instruyó a varias fiscalías y a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para ejecutar acciones investigativas:
- Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública
- Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución
- Fiscalía de Delitos Electorales
- Dirección Policial de Investigaciones (DPI)
Estas entidades deberán coordinarse para realizar pericias técnicas, asegurar la cadena de custodia de los audios, documentar los hallazgos y citar a los testigos involucrados, todo bajo la estricta observancia del debido proceso.
El caso reviste una gravedad excepcional, dado que involucra a funcionarios de instituciones clave para la transparencia electoral y la seguridad nacional.
El CNE, como órgano garante de la voluntad popular, está en el centro de la controversia, y cualquier intento de manipulación representa un atentado directo contra la democracia hondureña.
La revelación de los audios ha generado una fuerte reacción en la opinión pública, que exige una investigación imparcial, profunda y libre de presiones políticas. Organizaciones civiles han comenzado a solicitar veeduría internacional y garantías de que los responsables serán sancionados conforme a la ley.
La ciudadanía está llamada a mantenerse alerta y exigir transparencia en cada etapa del proceso. La legitimidad de las elecciones y la confianza en las instituciones dependen de que esta investigación se maneje con rigor, independencia y responsabilidad.
Según el fiscal general, las grabaciones demostrarían intentos de alterar la voluntad popular del pueblo, imponiendo un resultado en el nivel electivo presidencial programado para el próximo 30 de noviembre.
El CNE es considerado una institución de seguridad nacional, y cualquier intento deliberado de manipular, obstruir o alterar los resultados electorales constituye un atentado directo contra la democracia, tipificado como traición a la patria, un delito de naturaleza imprescriptible cuya responsabilidad puede ser investigada de oficio o a petición de cualquier ciudadano.
