La coordinadora del Sistema Nacional de Emergencias 911, Miroslava Cerpas, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por delitos electorales que, según ella, contaminaron masivamente los comicios generales del pasado 30 de noviembre.
Sin embargo, la acción tardía —realizada ocho días después de la jornada electoral— ha desatado duras críticas y cuestionamientos sobre la eficacia y credibilidad del sistema Nacional de emergencias.
Analistas en seguridad se preguntan por qué, si el 911 cuenta con un centro especializado integrado por la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y otros entes de seguridad, no se coordinó ninguna acción inmediata al momento de recibir las denuncias.
El sistema dispone de tecnología de punta, incluyendo drones y cámaras instaladas en puntos estratégicos, pero no se utilizó para frenar la intimidación del crimen organizado durante la jornada electoral.
Cerpas reveló supuestas pruebas de coacción, amenazas de muerte, robo masivo de documentos de identidad, compra-venta de votos a cambio de droga y libertades, y desplazamientos forzados de ciudadanos bajo amenaza de muerte.
Según la funcionaria, entre el 29 y 30 de noviembre el sistema recibió 892 supuestas llamadas denunciando delitos electorales.
Según Cerpa, la denuncia incluye audios, cadena de custodia y geolocalización de las llamadas, lo que permite identificar las zonas donde el crimen organizado ejerció mayor presión.
Sin embargo, Cerpas no explicó qué coordinación realizó el 911 para actuar de manera efectiva ante estas denuncias. ¿Fue negligencia? Esa es la pregunta que ahora se hacen especialistas en seguridad y la ciudadanía en general.
El hecho de que el sistema de emergencias —creado precisamente para responder de inmediato ante amenazas a la integridad física de las personas— haya esperado más de una semana para formalizar las denuncias, deja en evidencia una falla institucional grave que compromete la confianza en el 911 y en la capacidad del Estado para proteger el proceso democrático.
Las supuestas 892 llamadas podrían ser apenas la punta del iceberg, pues muchas víctimas de intimidación no denunciaron por temor a represalias. Lo que queda claro es que el crimen organizado logró contaminar el proceso electoral con métodos de terror, mientras las instituciones encargadas de garantizar seguridad permanecieron en silencio.
El Estado falló en su deber de proteger a los ciudadanos y garantizar las elecciones. La tardanza en denunciar y la falta de reacción inmediata convierten al 911 en símbolo de la fragilidad institucional y de la incapacidad para enfrentar al crimen organizado.
Ante la decidía y la fata de compromiso o simplemente “no quemarse” de muchos voceros de Libre, la coordinadora de la junta interventora ha tenido que asumir el triste y celebre papel de denunciar un supuestos fraude que deja por bajo de más de dos millones de votos a Libre versus lo que ellos denominan como bipartidismo.
La democracia no se defiende con discursos tardíos ni con informes burocráticos. Se defiende con acción inmediata, con valentía y con responsabilidad.
Lo que ocurrió el 30 de noviembre es una advertencia: mientras las instituciones callan o actúan con retraso, el crimen organizado avanza y se adueña del proceso electoral.
El pueblo merece respuestas claras y responsabilidades asumidas. El silencio del 911 no es solo un error: es una traición a la confianza ciudadana, y no refleja su misión principal que es ¡Servir y Proteger!
