El Movimiento Unidos por la Democracia presentó este viernes una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el expresidente Manuel Zelaya, el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo, a la junta directiva del Legislativo, y al coordinador de colectivos del partido Libre, Melvin Cevallos.
La denuncia, según la abogada Nilia Ramos, responde a una serie de presuntas irregularidades que, de comprobarse, representarían una grave amenaza al proceso democrático hondureño.
Entre los delitos señalados se encuentran: obstaculización del cronograma electoral, incumplimiento de deberes de los funcionarios, traición a la patria y terrorismo político.
Ramos sostiene que la junta directiva del Congreso ha bloqueado deliberadamente el avance del proceso electoral, afectando la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), fundamental para garantizar transparencia en los comicios.
Acusaciones de sabotaje y justicia selectiva
La denuncia también incluye a Mel Zelaya y Melvin Cevallos, acusados de conspirar e incitar a los colectivos del partido Libre para impedir el desarrollo del TREP.
Según Ramos, esta acción constituye un intento de sabotaje electoral, que pone en riesgo la legitimidad de las próximas elecciones.
Además, la abogada denunció que el Fiscal General Johel Zelaya ha actuado de forma parcial, acelerando procesos judiciales contra miembros de la oposición, mientras ignora o retrasa las denuncias que involucran a figuras del oficialismo.
Esta práctica, conocida como justicia selectiva, mina la credibilidad del Ministerio Público y refuerza la percepción de que el sistema judicial está siendo utilizado como herramienta política.
La denuncia del Movimiento Unidos por la Democracia se suma a una creciente ola de preocupaciones sobre el deterioro institucional y el debilitamiento de los contrapesos democráticos en Honduras. La concentración de poder, el uso partidario de recursos públicos, y la falta de transparencia en el proceso electoral ponen en riesgo la integridad de las elecciones y la confianza ciudadana en el sistema democrático.
La denuncia presentada por este movimiento ciudadano es una señal de alerta. Si el Estado no garantiza un proceso electoral transparente, equitativo y libre de interferencias partidarias, la democracia hondureña corre el riesgo de convertirse en una fachada.
