En Honduras, la desconfianza electoral no es nueva, pero el último proceso marcó un punto de inflexión peligroso. El Partido Libertad y Refundación (LIBRE) no solo cuestionó el desarrollo de la elección; lo convirtió en un campo de batalla político permanente, aun siendo parte del poder.
Por Juan Carlos Degrandez
El discurso del fraude se instaló como herramienta de presión, no como denuncia responsable. Cada retraso, cada inconsistencia técnica y cada decisión administrativa fueron presentados como evidencia de una conspiración, sustituyendo el análisis por la sospecha y la prueba por la consigna.
El libreto fue reiterativo y funcional: cuando los resultados no calzaban con las expectativas del partido, la culpa recaía en un enemigo siempre cambiante.
Consejeros electorales, bipartidismo, intereses externos o fuerzas invisibles cumplieron el mismo papel narrativo. Así se consolidó una auténtica fábrica de conspiraciones, donde la repetición reemplazó a la evidencia y la indignación organizada sirvió para erosionar la credibilidad del árbitro electoral.
En ese entorno, la presión política y las exigencias de nulidad no buscaron corregir el proceso, sino elevar el costo institucional de cualquier resultado adverso.
El efecto inmediato de estas artimañas es un sistema electoral debilitado y una ciudadanía más desconfiada. Pero el daño más profundo se proyecta hacia el nuevo gobierno, que heredará una institucionalidad erosionada y una sociedad entrenada para dudar de toda decisión pública.
Gobernar en ese contexto será más difícil: cualquier política impopular podrá ser deslegitimada con el mismo discurso conspirativo que hoy se normaliza, y cualquier error administrativo será presentado como prueba de un plan oculto.
Además, este clima obliga al nuevo gobierno a invertir capital político no en gobernar, sino en demostrar permanentemente su legitimidad. La energía que debería destinarse a resolver problemas estructurales —economía, seguridad, empleo— corre el riesgo de diluirse en la contención de narrativas diseñadas para ocultar errores propios bajo la cortina del complot.
Cuando la sospecha se convierte en cultura política, el Estado pierde capacidad de acción y la democracia se degrada en un conflicto interminable de relatos enfrentados.
Frente a ese escenario, el desafío del nuevo gobierno y de su equipo no es responder con más ruido, sino con seriedad, resultados y transparencia. La única forma de hacer olvidar a los ilusionistas de la conspiración es gobernar bien: comunicar con claridad, corregir errores con humildad, rendir cuentas y dejar que los hechos hablen más fuerte que los discursos incendiarios.
La gestión responsable es el antídoto más eficaz contra la fantasía política.
Un gobierno que cumple, que ejecuta políticas públicas visibles y que devuelve estabilidad institucional reduce el espacio para quienes viven de la agitación permanente. Cuando la realidad mejora, las teorías pierden fuerza.
Cuando la ciudadanía percibe orden, rumbo y resultados, el relato conspirativo se vuelve irrelevante, incluso ridículo.
Honduras no está condenada a vivir atrapada en la desconfianza. Cada crisis abre también la oportunidad de elevar el estándar político, de fortalecer las instituciones y de recuperar el valor del voto como herramienta de cambio pacífico. La esperanza no está en la confrontación perpetua, sino en la madurez democrática y en una ciudadanía que no renuncie a pensar críticamente.
El verdadero cambio llegará cuando la política deje de alimentar el miedo y empiece a construir confianza, cuando gobernar signifique servir y no agitar, y cuando los hondureños puedan mirar sus elecciones y a su gobierno no como un espectáculo de ilusiones, sino como la base firme sobre la cual construir un futuro más justo, estable y digno para todos.
