En una sorpresiva maniobra legislativa, el oficialismo en el Congreso Nacional, encabezado por el partido Libertad y Refundación (Libre), sometió este miércoles a discusión las reformas necesarias para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), sin haber alcanzado previamente los consensos requeridos.
La iniciativa, presentada por la diputada Hortensia Zelaya, fue dividida en tres capítulos. Los dos primeros —que implicaban reformas constitucionales al artículo 232 (relativo al Ministerio Público) y la derogación del artículo 10-A de la Ley Orgánica del Congreso (para eliminar el fuero legislativo)— no alcanzaron los 86 votos necesarios.
Solo el tercer capítulo, relacionado con la vigencia del decreto, fue aprobado, pero quedó sin efecto al no haberse aprobado los anteriores.
Desde la oposición, diputados del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras denunciaron que el oficialismo utilizó la propuesta como una estrategia política para simular compromiso con la CICIH, sin intención real de lograr su instalación.
“Hoy mataron los temas, no se pueden discutir en esta legislatura”, advirtió el diputado liberal Yury Sabas.
Además, se rechazaron dos mociones clave: una del Partido Nacional que pedía derogar el decreto de amnistía política (04-2022), y otra de la diputada Fátima Mena (PSH) que proponía mayor autonomía para la CICIH. Ninguna fue admitida por la directiva legislativa.
El presidente del Congreso, Luis Redondo, cerró la sesión con una frase cargada de tensión: “Que el pueblo hondureño los juzgue en las próximas elecciones”.
Mientras tanto, la instalación de la CICIH —una promesa central del actual gobierno— sigue sin concretarse, y el debate sobre su viabilidad se ha convertido en un campo de batalla político más que en un esfuerzo conjunto contra la corrupción.
