El asesinato del periodista Javier Antonio Hércules Salinas en Santa Rosa de Copán, Honduras, ha puesto en evidencia la ineficacia del Mecanismo Nacional de Protección para Periodistas, un programa gubernamental que, a pesar de su existencia, no ha logrado evitar la muerte de once comunicadores bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro.
Hércules Salinas, quien también trabajaba como taxista, fue atacado a balazos la madrugada del 1 de junio mientras regresaba a su hogar.
A pesar de haber sido incluido en el mecanismo de protección desde octubre de 2023, luego de sufrir un intento de secuestro, las medidas implementadas no fueron suficientes para garantizar su seguridad.
Además de los asesinatos, se han registrado al menos 200 casos de amenazas contra comunicadores en los últimos años. La comunidad periodística y organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo justicia y garantías para la libertad de prensa en Honduras.
Ataques a la prensa
Las Fuerzas Armadas, bajo esta administración, han lanzado campañas sistemáticas de estigmatización contra periodistas. Funcionarios gubernamentales han descalificado públicamente el trabajo de comunicadores críticos.
La presidenta Castro ha mantenido un discurso confrontativo hacia medios independientes, generando un ambiente donde atacar a la prensa se percibe como políticamente aceptable.
Este contexto no es casual. Cuando las autoridades más altas del país deslegitiman el trabajo periodístico, están enviando una señal clara: los comunicadores son enemigos del gobierno, y por tanto, objetivos legítimos.
Impunidad garantizada
El nivel de impunidad que rodea el crimen, de 11 periodistas asesinados durante el gobierno Castro, ¿cuántos casos han sido resueltos? ¿Cuántos autores materiales están tras las rejas? ¿Cuántos autores intelectuales han sido identificados y procesados?
La respuesta es demoledora: prácticamente ninguno. La impunidad supera el 95%, según organizaciones defensoras de derechos humanos. Esto significa que asesinar periodistas en Honduras es un crimen, sin consecuencias legales reales.
Esta impunidad no es accidental, es el resultado de un sistema judicial débil, de investigaciones superficiales, de una voluntad política inexistente para llegar al fondo de estos crímenes. Cada asesinato sin resolver envía un mensaje claro a futuros perpetradores.
Cada periodista asesinado es una voz menos que puede investigar la corrupción, denunciar los abusos de poder, fiscalizar la gestión pública. Cada comunicador silenciado fortalece a quienes operan en las sombras, protegidos por la impunidad y la complicidad institucional.
El gobierno Castro llegó al poder prometiendo transparencia y lucha contra la corrupción. Sin embargo, su gestión está marcada por el mayor número de periodistas asesinados en la historia reciente del país. La contradicción no puede ser más evidente ni más devastadora.
