La organización Asociación Manos a la Obra (AMO), presidida por Linda María Ordóñez, pareja de Ronal Pineda, suplente del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, recibió más de 75 millones de lempiras en fondos estatales a través del Fondo de Administración Solidaria, una partida presupuestaria destinada a proyectos sociales.
Lo que llama la atención no es solo el monto, sino la velocidad con la que fue inscrita y financiada: AMO fue registrada oficialmente en abril de 2024 y en menos de un año ya había gestionado 124 proyectos.
Linda Ordóñez no es una figura ajena al poder. Ha ocupado cargos en Copeco y el Instituto de la Propiedad, y mantiene una relación sentimental con Ronal Pineda, suplente del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
Esta cercanía ha generado serios cuestionamientos sobre conflicto de interés, especialmente considerando que los fondos fueron gestionados por diputados del partido Libre, sin auditoría externa ni rendición pública de cuentas.
Transparencia ausente y opacidad institucional
La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, encargada de canalizar los fondos, ha rechazado solicitudes de información sobre el uso de estos recursos. A pesar de que se trata de dinero público, no hay evidencia técnica ni informes de auditoría que respalden la ejecución de los proyectos.
En algunos casos, como en La Iguala, Lempira, se reportaron obras como “finalizadas” que no existen en el terreno.
Incluso el alcalde local desmintió públicamente la ejecución de una obra de electrificación que aparece como completada en los registros del Congreso. Lo único visible fueron postes abandonados, colocados antes de las elecciones internas, lo que sugiere un uso clientelista y electoral de los fondos.
¿Gobierno sin corrupción o narrativa oficial?
El titular de la Secretaría de Transparencia, Sergio Coello, ha afirmado que en el actual gobierno “no hay corrupción”. Sin embargo, casos como el de AMO contradicen esa narrativa.
La falta de auditorías, la discrecionalidad en la asignación de fondos y la vinculación directa con figuras políticas reproducen los mismos vicios que Libre prometió erradicar.
El caso de AMO no es aislado. Forma parte de una red de ONG vinculadas al oficialismo que han recibido millones de lempiras sin controles efectivos, en un modelo que maquilla el clientelismo como ayuda social.
Si el país quiere romper con el círculo vicioso de la impunidad, necesita más que discursos: necesita auditorías, sanciones y transparencia real.
El caso de AMO se suma a una serie de asignaciones a organizaciones con vínculos políticos, alimentando reclamos de sectores sociales que exigen rendición de cuentas y auditorías independientes en el uso de fondos públicos.
