El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, calificó como “gravísimas” las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, quien admitió que un oficial militar habría participado en el retraso del transporte de material electoral durante las primarias del 9 de marzo.
Orellana advirtió que este hecho constituye un atentado contra la democracia y exigió que el implicado sea entregado al Ministerio Público para su investigación y procesamiento conforme a la ley.
En un pronunciamiento contundente, Orellana señaló que este reconocimiento representa un atentado contra la democracia, la Constitución y la República, y exigió que el oficial identificado sea entregado al Ministerio Público (MP) para que se le investigue y procese conforme a la ley.
“No se trata de marginarlo ni esconderlo por ahí. Si el propio jefe de las Fuerzas Armadas lo está diciendo, entonces debe presentarlo al Ministerio Público. Este caso no puede quedar impune”, subrayó Orellana.
El general Hernández reveló que el militar implicado fue separado de la línea de mando y reasignado a otras funciones, mientras se esclarece su papel en los hechos. Además, confirmó que el mismo oficial aparece en una serie de audios difundidos por el MP, en los que se discute un presunto plan para manipular los resultados de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
En dichas grabaciones, también figuran supuestamente la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. Mientras Hernández sostiene que los audios son auténticos, López y Zambrano alegan que fueron generados con inteligencia artificial.
Orellana insistió en que el Ministerio Público debe actuar de oficio, advirtiendo que si no lo hace, su silencio se convierte en una contradicción a la ley. “Si lo hicieron una vez, lo pueden volver a hacer”, advirtió, en referencia a la posibilidad de que se repitan acciones que atenten contra el orden constitucional.
El exfiscal también criticó que la Fiscalía se haya enfocado únicamente en la licitación del transporte, dejando de lado las causas reales del retraso en el traslado de las maletas electorales. “Este caso no puede quedar impune”, reiteró.
El fiscal general Johel Zelaya confirmó el pasado 29 de octubre la apertura de una investigación sobre los audios, que fueron entregados por el consejero del CNE Marlon Ochoa, representante del partido Libertad y Refundación (Libre). Según la denuncia, existiría un plan entre partidos de oposición y sectores militares para alterar los resultados electorales.
