Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Iván Velásquez y su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, propietarios de la empresa Koriun Inversiones, comparecen este lunes ante los tribunales de Tegucigalpa para su audiencia inicial.
Ambos enfrentan acusaciones de lavado de activos, derivadas de la operación de un presunto esquema Ponzi que captó fondos de más de 35,000 hondureños durante siete años sin pagar impuestos ni contar con licencias financieras.
Captura y proceso judicial
Iván Velásquez fue detenido el 14 de mayo en la carretera a El Porvenir, San Manuel, mientras viajaba con su guardaespaldas. Un día después, el 15 de mayo, su esposa Kefi Gavarrete fue arrestada por su presunta participación en la administración de la empresa.
Durante los operativos, las autoridades encontraron 125 millones de lempiras en la residencia de Velásquez, lo que refuerza las acusaciones de lavado de activos.
Ambos fueron presentados ante los Juzgados de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, donde se les dictó detención judicial. Velásquez fue enviado a la Penitenciaría Nacional de Támara, mientras que Gavarrete fue trasladada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas).
Miles de afectados han exigido la devolución de sus fondos, muchos de ellos provenientes de ahorros de toda una vida o préstamos solicitados para invertir en Koriun. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) confirmó que la empresa solo tenía 69 millones de lempiras en bancos nacionales, fondos que Velásquez ya habría retirado antes de su captura.
El caso Koriun ha generado un fuerte debate sobre la regulación financiera en Honduras y la responsabilidad del Estado en la supervisión de empresas que operan al margen de la ley.
Mientras la justicia avanza en el proceso contra Velásquez y Gavarrete, los inversionistas continúan exigiendo respuestas y la recuperación de sus fondos. La audiencia inicial determinará los próximos pasos en este caso que ha sacudido el sistema financiero del país.
