La práctica del periodismo en Honduras se enfrenta a un panorama sombrío, donde las constantes amenazas, agresiones y actos de intimidación han transformado el derecho a informar en una actividad peligrosa y marcada por el miedo.
Así lo evidenció el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) al denunciar un preocupante aumento en las denuncias de periodistas y comunicadores sociales víctimas de hostigamiento, provenientes tanto de particulares como de agentes del Estado.
En los últimos 42 meses —de 2022 a junio de 2025— al menos 13 trabajadores de medios han perdido la vida violentamente en distintas regiones del país, mientras que 67 periodistas han interpuesto denuncias por desplazamiento forzado, el 75% de ellos motivados por amenazas directas contra su vida e integridad. En más del 45% de los casos, las víctimas ni siquiera identifican a sus agresores, lo que intensifica la vulnerabilidad del gremio.
Los datos ofrecidos por CONADEH revelan un patrón de violencia sistemática que se ha profundizado desde 2022, evidenciando una falta grave de respuesta institucional frente a los atentados contra la libertad de expresión. Ricardo López, Delegado Adjunto del organismo, recordó que el Estado hondureño tiene una responsabilidad legal y ética de proteger a los periodistas, quienes ejercen una labor vital para la democracia.
“No pueden ser perseguidos ni por la fuerza pública ni por particulares. Los ataques contra periodistas no solo violan su integridad física, sino también el derecho de la población a ser informada”, declaró López.
El llamado urgente es claro: cesar el acoso, garantizar protección, y frenar la impunidad que rodea los asesinatos y desplazamientos forzados de comunicadores.
Violencia geográfica y riesgo generalizado
Entre los departamentos más golpeados por la violencia contra periodistas se encuentran Francisco Morazán (3 asesinatos), Cortés (2), Choluteca (2), y otros como Atlántida, Copán y Olancho. Estos datos demuestran que no se trata de hechos aislados, sino de una crisis nacional de seguridad para el gremio.
El Estado debe actuar no solo con mecanismos reactivos —como medidas de protección— sino con políticas preventivas que fortalezcan el ejercicio libre, plural e independiente del periodismo.
El discurso oficial de respeto a la libertad de expresión no basta si no va acompañado de acciones concretas, recursos especializados y voluntad política para enfrentar a quienes intentan silenciar voces incómodas.
El periodismo libre es piedra angular de cualquier democracia; y en Honduras, esta piedra está siendo golpeada una y otra vez.
