El gremio periodístico hondureño denuncia una práctica inédita que vulnera el derecho al acceso a la información pública y enciende alarmas sobre el trato institucional a la prensa.
El abogado Jonathan Cardona, director de la Dirección Supervisora de Servicios Especializados de la Municipalidad de San Pedro Sula (DIRSSE), redactó una declaración jurada como requisito para conceder una entrevista a la periodista Lisseth García, de Diario La Prensa.
La entrevista había sido pactada para abordar temas de interés público: la recolección de basura en la central de abastos y la contratación de unas veinte empresas privadas para el manejo de desechos sólidos, a pesar de que existe un contrato de concesión vigente.
El documento legal fue presentado como condición previa, lo que generó rechazo inmediato por parte del gremio periodístico.
Reacciones del gremio
Thelma Mejía, periodista y analista, calificó el hecho como “sin duda un grave precedente para la libertad de expresión, de información y de acceso a la información pública. Condenable”.
Sandra Maribel Sánchez, de Radio Progreso, expresó: “¿De dónde sacaron a este cretino que dice ser funcionario público, pero exhibe total ignorancia de lo que significan el acceso a la información pública y la libertad de expresión para la vida en democracia?”.
Otros comunicadores han señalado que este tipo de prácticas institucionales representan una forma de censura previa y una amenaza directa al ejercicio libre del periodismo.
El suceso es considerado inédito en Honduras y ha encendido las alarmas sobre posibles restricciones impuestas por funcionarios públicos al derecho ciudadano de informarse.
La acción del funcionario se interpreta como una tentativa de controlar la narrativa pública mediante mecanismos legales improcedentes.
La situación ocurre en un momento en que organizaciones regionales e internacionales advierten sobre el deterioro de las condiciones para el ejercicio periodístico.
La Red de Periodistas de Centroamérica ha alertado recientemente sobre el clima de hostilidad y criminalización que enfrentan los periodistas en la región.
Entre los riesgos señalados se incluyen campañas de desprestigio, discursos de odio, estigmatización, persecuciones judiciales y asesinatos.
Esta visión es compartida por organismos como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa, que han instado a los Estados a garantizar el libre ejercicio del periodismo.
El intento de condicionar una entrevista a la firma de una declaración jurada no solo representa una violación a los principios éticos del periodismo, sino que también revela una preocupante falta de comprensión institucional sobre el rol de la prensa en democracia. Este tipo de acciones, lejos de promover la transparencia, refuerzan la opacidad y el control político sobre la información.
La libertad de expresión y el acceso a la información pública son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Cuando un funcionario público pretende imponer condiciones legales para hablar sobre asuntos de interés colectivo, se erosiona la confianza ciudadana y se debilita el control social sobre la gestión pública.
