Ana María Calderón, exvocera de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), dijo que la demora en la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (CICIH) en el país se debe a la falta de “una correcta voluntad política” por parte del Estado.
“A la hora de equivocarme, podría decir que se trata de una falta de voluntad política del Estado hondureño, porque las Naciones Unidas ha sido solicitada, o sea, el Estado de Honduras, y cuando digo Estado, nos estamos refiriendo a todos los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial”, comentó Calderón.
La exvocera explicó que el Estado de Honduras solicitó a Naciones Unidas que envíe una misión, y la ONU ya mostró su disposición, pero requiere ciertos requisitos que hasta la fecha no se cumplen.
“Entonces, no es que se trate de que Naciones Unidas está exigiendo requisitos que no se pueden cumplir. En realidad, lo que quiere es un marco legal que permita efectuar una lucha eficaz”, agregó.
Calderón recordó que después de la salida de la MACCIH, se promulgaron varios decretos que dificultan el trabajo de los investigadores y del Ministerio Público en casos de lavado de dinero y corrupción, entre otros.
“Entonces, yo diría que la CICIH está demorando llegar porque no hay una correcta voluntad política. Y el entrampamiento de ayer que ha ocurrido en el Congreso, yo no culparía a los legisladores que votaron o que no votaron”, señaló.
Para Calderón, la principal responsabilidad recae en la falta de comprensión sobre la importancia de recibir una comisión internacional en el país.
“El trámite está establecido, así como le digo, un convenio, porque es un organismo internacional, tiene que ser un tratado internacional, el cual es firmado entre el representante de Naciones Unidas y el representante del Gobierno hondureño, y después ese tratado pasa recién al Congreso para que sea aprobado”, explicó.
Calderón puntualizó que la instalación de la CICIH se retrasa debido a la ausencia de voluntad política y la falta de un marco legal adecuado para garantizar una lucha eficaz contra la corrupción e impunidad en Honduras.
