Un grupo de abogados presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa de amnistía política que busca beneficiar a militares retirados y ciudadanos civiles implicados en hechos derivados de la crisis política de 2009. Según los promotores, varios de estos procesos judiciales habrían tenido motivaciones ideológicas y carecen de pruebas sólidas.
Entre los nombres incluidos figuran los generales retirados Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, señalados por delitos relacionados con la muerte de Isis Obed Murillo el 5 de julio de 2009, durante la destitución del expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Mientras Cervantes y Puerto cumplen condena en la cárcel de Támara, Vásquez Velásquez permanece en condición de clandestinidad. El abogado Jaime Rodríguez, defensor de uno de los implicados, calificó los procesos como persecución política.
La propuesta también contempla a cuatro ciudadanos acusados de planear un atentado contra Zelaya: Arcadio López, Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Gerardo Enrique Galeano, procesados por delitos de terrorismo. El documento establece que la amnistía aplicaría en casos donde existan dudas razonables, falta de pruebas contundentes o motivaciones políticas detrás de las acusaciones.
En paralelo, familiares de exempleados del Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitaron que sus casos sean incluidos en la iniciativa.
Los jóvenes Dennis Emilio Hércules, José María Pastrana Sánchez, Juan Carlos Canales Lobo y Raúl Amílcar Rivera enfrentan cargos por fraude, violación de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública. Luz María Hércules, madre de uno de los acusados, denunció que los expedientes permanecen paralizados en la Corte de Apelaciones y que los procesos han afectado gravemente la vida personal y laboral de los implicados.
“Mi hijo fue utilizado como chivo expiatorio por el gobierno anterior”, aseguró. Ahora, el Congreso Nacional deberá decidir si da trámite a esta propuesta, cuyo alcance podría generar repercusiones políticas y legales en varios casos pendientes, reabriendo el debate sobre justicia, memoria histórica y reconciliación nacional.
