El gobierno de Xiomara Castro alcanzó un acuerdo con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para suspender hasta enero de 2026 la denuncia presentada contra el tratado de extradición bilateral.
Este tratado, cuya vigencia fue reafirmada, había sido cuestionado previamente por el gobierno hondureño bajo acusaciones de “injerencia”. Así lo confirmó el canciller de Honduras, Enrique Reina.
Según explicó Reina, existían «dos opciones para mantener la vigencia del Tratado de Extradición sin riesgo de que éste sea utilizado, con incidencia durante el año electoral».
La administración Castro optó por una fórmula que permite la continuidad del mecanismo judicial, pero con protecciones específicas para el ámbito político y militar durante este período crítico.
En su comunicado oficial publicado en la plataforma X, la presidenta Castro había adelantado estas garantías al mencionar que había asegurado «el respeto a la integridad de las Fuerzas Armadas, institución responsable de defender la soberanía, mantener la paz, hacer valer el imperio de la Constitución y garantizar la seguridad de nuestro proceso electoral democrático».
Analistas políticos interpretan que esta decisión responde a preocupaciones gubernamentales de que posibles solicitudes de extradición durante el período electoral pudieran ser interpretadas como acciones con propósitos políticos que afectarían la imagen de la administración Castro.
Esta revelación ha generado diversas reacciones en Honduras, donde algunos sectores cuestionan las limitaciones impuestas al tratado, mientras otros ven en ellas una medida necesaria para proteger la soberanía nacional durante un período electoral sensible
