La presidenta, Xiomara Castro, hizo un llamado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para sostener un diálogo directo sobre el proceso electoral hondureño y las implicaciones de sus mensajes de apoyo al candidato nacionalista Nasry Asfura.
Según la mandataria, dichos pronunciamientos afectaron negativamente el desarrollo democrático y perjudicaron a la aspirante oficialista Rixi Moncada.
“Lo que ocurre no es una crisis de leyes, es una crisis de ética, de moral y de valentía democrática y republicana”, expresó Castro en su cuenta de la red social X.
El Decreto Legislativo No. 58-2025
La jefa del Ejecutivo anunció la sanción del Decreto Legislativo No. 58-2025, justificando su decisión en cinco puntos principales: Negativa del CNE a escrutar 4,774 actas, que representan más de 1.5 millones de votos, lo que calificó como una “usurpación de la soberanía popular”.
Falta de resolución de 292 impugnaciones relacionadas con irregularidades como adulteración de actas, votos planchados, urnas infladas y alteraciones del sistema TREP.
Indefensión de más de un millón de electores, al desconocerse el mandato constitucional de contar todos los votos.
Cinismo institucional y presunta injerencia extranjera, que —según Castro— repite la historia de fraudes como el de 2017.
Negativa de diputados auto-convocados a permitir el conteo de actas, lo que, en palabras de la mandataria, “sepulta la voluntad popular”.
Castro subrayó que su mandato terminará el 27 de enero de 2026, “ni un día más ni un día menos”, reafirmando su compromiso con la Constitución.
Choque con Estados Unidos
El pronunciamiento de la presidenta ocurre en un contexto de tensión con Washington, luego de que el Departamento de Estado advirtiera sobre “graves consecuencias” ante intentos de anular ilegalmente las elecciones en Honduras. Castro rechazó esas declaraciones, calificándolas de falsas y reiterando su invitación a Trump para una audiencia o llamada directa “con responsabilidad, respeto mutuo y transparencia”.
El discurso de Castro refleja una estrategia de confrontación tanto interna como externa. Internamente, busca legitimar su posición frente a un proceso electoral cuestionado, apelando a la defensa de la soberanía y la voluntad popular.
Externamente, coloca a Estados Unidos en el centro del debate, responsabilizando a Trump por influir en el proceso y deslegitimando las advertencias del Departamento de Estado.
La narrativa presidencial insiste en que la crisis hondureña no es jurídica sino ética, lo que plantea un dilema político: ¿se trata de una defensa genuina de la democracia o de un intento de reposicionar su liderazgo frente a un escenario adverso? En cualquier caso, el decreto sancionado abre un nuevo capítulo de tensión institucional y diplomática, con repercusiones directas en la estabilidad política del país.
