En menos de 24 horas después de su cuestionada aprobación en el Congreso Nacional, la presidenta Xiomara Castro sancionó y ordenó la publicación en el Diario Oficial La Gaceta del decreto que impone el recuento “voto por voto” de las 19,167 Juntas Receptoras de Votos.
La medida, aprobada en una sesión sin quorum y con predominio de diputados oficialistas de Libertad y Refundación (Libre), ha desatado fuertes críticas por su carácter irregular y por desconocer la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El decreto no solo ordena un escrutinio general de todas las actas, sino que además abroga la facultad del CNE de emitir la declaratoria final del proceso electoral, trasladando la responsabilidad a un recuento impuesto por la mayoría oficialista.
En un giro aún más polémico, se solicita al Ministerio Público que inicie acciones penales contra las consejeras del CNE, lo que se interpreta como un intento de intimidación institucional.
La decisión de Castro se produce pese a la carta enviada por diputados nacionalistas y liberales, quienes advirtieron sobre la ilegalidad del proceso y la amenaza que representa para la alternancia democrática.
El CNE ya había declarado como ganador de las elecciones presidenciales a Nasry Asfura, junto con los resultados legislativos y municipales de los cinco partidos participantes. Sin embargo, la bancada de Libre, encabezada por Luis Redondo, desconoció los resultados y aprobó el decreto en una maratónica sesión, acompañada únicamente por algunos suplentes y aliados aislados de otras fuerzas políticas.
La publicación en La Gaceta, además, incluyó nombramientos administrativos en el sistema sanitario, lo que evidencia la utilización del mismo instrumento legal para avanzar en decisiones de gobierno mientras se mantiene la controversia electoral abierta.
Un golpe a la institucionalidad
El Decreto No. 58-2025, oficializado por el Congreso presidido por Redondo, obliga al CNE a revisar la totalidad de las actas, incluidas aquellas con inconsistencias o impugnaciones.
Aunque se presenta como un mecanismo para “reflejar fielmente la voluntad popular”, en la práctica constituye un desconocimiento de la autoridad electoral y un precedente peligroso para la estabilidad democrática.
La sanción presidencial, realizada a escasos días de la transición de poder, refuerza la percepción de un autogolpe institucional: un intento de prolongar la influencia del oficialismo mediante la manipulación de los resultados electorales y la erosión de los contrapesos constitucionales.
La rapidez con que se sancionó y publicó el decreto, sin atender las advertencias de la oposición, refleja una estrategia de imposición política que profundiza la crisis de legitimidad y pone en entredicho la alternancia en el poder.
