El Gobierno de Honduras anunció la revocatoria de la denuncia del Tratado de Extradición con los Estados Unidos, decisión que —según afirmó la presidenta Xiomara Castro— se adopta en estricto apego a la Constitución de la República y como muestra del compromiso del país en la lucha contra el narcotráfico.
La mandataria informó que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores para comunicar al Gobierno estadounidense, a través de su representación diplomática en Tegucigalpa, la decisión de dejar sin valor ni efecto las notas verbales fechadas el 28 de agosto de 2024, identificadas como 111-DGAJTC-2025 y 112-DGAJTC-2025, mediante las cuales se había denunciado el tratado.
Castro explicó que la denuncia se produjo como consecuencia de amenazas dirigidas contra el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, hoy ministro de Defensa.
Sin embargo, subrayó que el compromiso de su gobierno contra el narcotráfico “está demostrado con hechos, cifras y resultados”, recordando la extradición de más de 52 personas vinculadas a este delito.
En ese sentido, sostuvo que la decisión de retirar la denuncia constituye una “prueba clara” de la voluntad política del Estado hondureño para continuar cooperando de manera firme y frontal en el combate al crimen organizado.
La presidenta también lanzó una crítica directa al Gobierno de los Estados Unidos, al calificar como una “grave contradicción” el indulto otorgado a Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico.
Según señaló, este tipo de decisiones debilitan y ponen en riesgo los esfuerzos conjuntos para enfrentar un flagelo que afecta tanto a la sociedad estadounidense como a los pueblos de la región.
El anuncio marca un giro en la relación bilateral en materia de cooperación judicial y de seguridad. La decisión ocurre a 17 días de que Castro deje el poder, cuando el presidente electo Nasry Asfura ya había adelantado que reafirmará el tratado de extradición con EE.UU. al asumir su mandato, luego de que la presidenta condicionara la resolución final a la administración entrante.
El contexto político se torna aún más complejo, pues apenas unas horas antes la mandataria sancionó un decreto legislativo considerado como un autogolpe de Estado, al desconocer los resultados electorales y pedir un nuevo conteo de votos, acción que ha sido señalada como un riesgo para la alternabilidad en el poder y la estabilidad democrática del país.
