La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este martes un análisis sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno de Honduras, señalando que la administración de la presidenta Xiomara Castro ha privilegiado el gasto en propaganda y encuestas por encima de las necesidades básicas de la población, como el acceso a medicamentos y la infraestructura educativa.
Según el informe, el presupuesto destinado a publicidad y propaganda gubernamental aumentó un 72.8 %, alcanzando 1,061 millones de lempiras, una cifra equivalente al 67 % del presupuesto para medicamentos y suficiente para dotar de textos escolares a 1.8 millones de estudiantes.
Dos instituciones concentran el 84 % de ese gasto: Secretaría de Planificación Estratégica (SPE): 762.7 millones de lempiras y el Instituto de la Propiedad: 124.5 millones de lempiras
Desde su creación en 2022, la SPE ha multiplicado su presupuesto más de 12 veces, y el 49 % de su asignación actual se destina exclusivamente a publicidad, con una ejecución del 99 % a la fecha.
Mientras la propaganda crece, el informe revela recortes alarmantes:
- Medicamentos: reducción del 30 %
- Servicios de hemodiálisis: reducción del 26 %
- Infraestructura educativa municipal: recorte total de 498 millones de dólares
Además, las transferencias monetarias (bonos) aumentaron un 69 %, incluyendo el controvertido Bono Climático financiado por el BCIE, del cual ya se ha ejecutado el 97 %, y otros bonos financiados por la Tesorería General con una ejecución del 86 %.
ASJ también denunció que el decreto ejecutivo 001-2023 permite la contratación directa de servicios de comunicación a la Dirección General de Información y Prensa, adscrita a la SPE. Entre los beneficiarios figura Nextcentral, una empresa creada hace apenas un año y registrada como encuestadora oficial ante el CNE para las elecciones primarias de 2025.
Llamado a la transparencia y la ética
Liliam Rivera, directora de Gobernanza Económica de ASJ, cuestionó duramente las prioridades del gobierno: “vemos aumentos significativos para sueldos, bonos y propaganda, en detrimento de asignaciones esenciales. ¿Dónde queda la salud y la educación de los hondureños?”
ASJ y Transparencia Internacional instan al gobierno a: Fortalecer la planificación presupuestaria basada en evidencia técnica, regular la publicidad oficial mediante una ley específica, cumplir las restricciones de la ley electoral y de financiamiento, aumentar la rendición de cuentas sobre los resultados del gasto público.
En un país con profundas carencias estructurales, el desbalance presupuestario entre imagen y bienestar social no solo es cuestionable, sino éticamente insostenible. La ciudadanía merece más que rótulos: merece medicamentos, aulas dignas y un gobierno que priorice lo esencial.
