La repentina destitución del general Ramiro Muñoz como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP) reavivó el debate sobre la politización del sistema penitenciario hondureño.
La decisión, tomada por orden directa de la presidenta Xiomara Castro, genera interrogantes sobre los criterios utilizados para remover a un oficial que asumió el cargo en medio de una de las peores crisis carcelarias del país; la muerte de 46 mujeres en la cárcel de Támara en 2023.
Su insistencia en que “nadie sobre esta tierra me hará cumplir una orden ilegal” proyecta una postura de integridad personal, pero también una crítica al manejo del sistema desde la esfera política.
Destitución
La salida del general Ramiro Muñoz del INP, bajo órdenes de la presidenta Castro, ha causado una oleada de cuestionamientos en los círculos militares, políticos y sociales del país.
Más allá de ser un relevo administrativo, lo que preocupa es el contexto; Muñoz habría sido removido tras ejecutar acciones contundentes contra estructuras del crimen organizado como MS-13 y la pandilla 18, incluyendo el desmantelamiento de caletas y centros de operación clandestinos dentro de los centros penales.
“Este no es un cargo militar, es político; quien nombra, remueve”, expresó con firmeza, añadiendo que jamás cumpliría una orden que contradiga la ley.
Esta situación plantea un dilema ético: ¿puede un militar ser destituido por aplicar la ley cuando choca con intereses políticos? De ser así, el mensaje que se transmite sería alarmante, pues cuestiona la independencia de quienes enfrentan estructuras del crimen organizado desde el Estado.
El riesgo mayor está en que este relevo se perciba como un castigo por hacer lo correcto, debilitando los esfuerzos para sanear el sistema carcelario y luchar contra el crimen organizado.
Reacciones
La viceministra de Seguridad Julissa Villanueva, se pronunció y dijo que “con la llegada del general Ramiro Muñoz, las cosas cambiaron en el INP, es un hombre que demostró seguir muchos de los lineamientos que nosotros dejamos”, además, manifestó que “desde luego que me hubiera gustado trabajar con él en vez de semejantes lacras corruptas, llenas de ambición que me colocaron”.
Asimismo, destacó que hacer una separación abrupta del general Ramiro Muñoz, en este momento del sistema penitenciario “es una decisión completamente fuera del enfoque integral de la necesidad urgente que hay de manejar, controlar y por supuesto volver el sistema penitenciario de Honduras en algo diferente”.
Tensión dentro de las Fuerzas Armadas
La destitución de Muñoz Bonilla, revelan que detrás de la decisión podría haber fuertes desacuerdos con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.
Según versiones que han trascendido en círculos cercanos a la institución castrense, Muñoz habría manifestado oposición a lo que consideró decisiones erráticas y cuestionables de Hernández, lo que habría provocado fricciones internas en la cúpula militar.
De confirmarse esta versión, la salida de Muñoz iría más allá del ámbito penitenciario, convirtiéndose en un episodio que refleja tensiones estratégicas dentro de la estructura de mando de las Fuerzas Armadas hondureñas.
