El presidente ilegal del Congreso Nacional, Luis Redondo, lanzó la noche de este sábado una advertencia contundente: “si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no realiza el conteo voto por voto de las 19 mil 167 urnas de las elecciones generales, lo hará directamente ese poder del Estado”.
Redondo participó en el Consejo de Ministros y anunció el envío de una nota oficial al CNE, acompañada de la publicación en La Gaceta, para exigir el inicio inmediato del escrutinio total.
“Caso contrario, será el Congreso Nacional el que hará el escrutinio tal como lo establece la Constitución de la República en el artículo 205 numeral 7”, declaró desde las gradas de Casa de Gobierno.
El diputado recordó que el jueves, cuando se aprobó el decreto que ordena el escrutinio total, había 70 diputados presentes y la sesión concluyó con 69. Según él, se trata de un hecho histórico que todas las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) sean revisadas, sin importar quién resulte ganador.
La bancada de Libre, junto a Redondo, ha ido más allá: se ha atribuido la declaratoria final de las elecciones y ha solicitado acción penal contra las consejeras del CNE, acusándolas de incumplir su deber al no ejecutar el conteo.
La advertencia de Redondo abre un frente de tensión institucional. El Congreso Nacional, un poder legislativo, pretende asumir funciones que corresponden al órgano electoral, lo que plantea serias dudas sobre la separación de poderes y la legitimidad del proceso.
Aunque el argumento se centra en “respetar el voto del pueblo”, la intervención directa del Congreso en el escrutinio podría interpretarse como una invasión de competencias y un precedente riesgoso para la democracia hondureña.
El discurso de Redondo busca proyectar transparencia y justicia electoral, pero también refleja la pugna política entre el oficialismo y el CNE. La insistencia en que el Congreso asuma el conteo puede ser vista como un intento de controlar el resultado bajo la bandera de la “voluntad popular”, debilitando la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar elecciones libres y justas.
La crisis electoral hondureña se profundiza con declaraciones como las de Luis Redondo, que tensionan aún más el equilibrio institucional. El verdadero reto no está en quién cuente los votos, sino en que el proceso sea legítimo, transparente y confiable para la ciudadanía.
La democracia se erosiona cuando los poderes del Estado se disputan la función de árbitro electoral, dejando al votante en medio de una batalla política que amenaza con socavar la confianza en el sistema.
