El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, emitió una advertencia contundente la noche del lunes en cadena nacional de radio y televisión, anunciando su intención de instalar su propio Congreso y suplantar a los diputados de la oposición.
Redondo planteó tres escenarios específicos para llevar a cabo esta acción: Suplencia por diputado suplente: Si el diputado propietario no se presenta, será suplantado por el diputado suplente.
Suplencia dentro de la misma bancada: Si ni el diputado propietario ni el suplente se presentan, otro diputado suplente de la misma bancada tomará su lugar.
Nombramiento por el presidente del Congreso: Si no se presentan ni el diputado propietario, ni el suplente, y no hay diputados suplentes de la misma bancada disponibles, el presidente del Poder Legislativo tendrá la atribución de nombrar diputados suplentes de cualquier bancada.
En ese sentido, garantizó que el quórum o mayoría simple, es decir 65 diputados, no será roto.
Acusó que los diputados de la oposición buscan romper el quórum y con ello que no se aprueben decretos en favor de la población.
Todo lo anterior se basa en el artículo de la Constitución de la República, así como el numeral seis de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, dijo.
Acotó que es obligación de los diputados estar presentes en todas las reuniones del pleno del Congreso Nacional.
“Le garantizo al pueblo hondureño que en aplicación de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica vamos a impedir que se rompa el quórum y aprobaremos los proyectos de interés para todo el pueblo de Honduras”, acotó.
También denunció una campaña mediática de difamación de las actas del Congreso Nacional para que no salgan a la luz los abusos y excesos de las administraciones anteriores.
En el pasado se había normalizado la práctica de modificar, reformar y alterar el decreto ya aprobado en el momento de aprobación del acta de la sesión. “Nosotros hemos corregido esta situación”.
Esta declaración ha generado una gran controversia y preocupación entre los diferentes sectores políticos y la ciudadanía, quienes ven en esta medida una amenaza a la democracia y a la representación popular. Los partidos de oposición han denunciado esta acción como autoritaria y contraria a los principios democráticos.
