El presidente ilegal del Congreso Nacional, Luis Redondo, volvió a cuestionar este lunes el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso de declaratoria de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, asegurando que si el órgano electoral no cumple con su mandato, el Legislativo estaría “listo” para asumir la tarea de conteo de votos y oficialización de resultados.
En conferencia de prensa, Redondo afirmó “dudo que el Consejo Nacional Electoral haga la declaratoria, si no lo hacen aquí estamos listos para hacerlo”.
Redondo insistió en que la Constitución faculta al Congreso para realizar el escrutinio y declarar los resultados en caso de incumplimiento del CNE, citando el artículo 205 numeral 7. Además, advirtió que el pleno del Congreso —y no la Comisión Permanente— sería el encargado de tomar esa decisión.
Críticas al proceso electoral
Redondo calificó las elecciones del 30 de noviembre como “la peor elección en la historia de Honduras” y cuestionó directamente a las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, a quienes responsabilizó de errores y falta de experiencia en la conducción del proceso.
También recordó que los consejeros suplentes Karen Rodríguez y Carlos Enrique Cardona denunciaron presiones para avalar la declaratoria, aunque finalmente Cardona firmó la oficialización presidencial el 24 de diciembre.
El presidente del Congreso aseguró que, si el CNE no emite la declaratoria antes del 30 de diciembre, el Legislativo procederá a realizar un conteo voto por voto de las más de 19 mil actas. Esta postura abre la posibilidad de un choque institucional entre el órgano electoral y el Congreso Nacional.
Redondo acusó que detrás de la declaratoria podrían existir presiones mediáticas, geopolíticas e incluso de “grupos criminales” que participaron en el proceso electoral. Además, pidió a la misión de observadores de la OEA que actúe como garante y no se someta a “instrucciones desde Washington”.
La postura de Redondo refleja una estrategia de deslegitimación del CNE, que ya emitió la declaratoria presidencial, y abre un escenario de crisis institucional al pretender trasladar al Congreso una función que corresponde exclusivamente al órgano electoral.
Su insistencia en boicotear la declaratoria erosiona la confianza ciudadana en el proceso democrático.
La amenaza de un conteo paralelo desde el Legislativo podría generar un choque de poderes y profundizar la polarización política.
El discurso de Redondo mezcla argumentos legales con acusaciones políticas y geopolíticas, lo que evidencia una narrativa orientada a desacreditar tanto al CNE como a actores internacionales.
En un contexto donde la estabilidad institucional depende de la culminación ordenada del proceso electoral, las declaraciones del presidente del Congreso se perciben como un intento de prolongar la incertidumbre y mantener un espacio de poder pese a no haber sido reelecto como diputado.
