Con la meta de revertir un endeudamiento histórico sustentado de forma insostenible en bonos soberanos, el Poder Ejecutivo dio luz verde al proceso de reestructuración gradual de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Amparada en la Ley de Justicia Eléctrica, la iniciativa busca reducir el gasto público, mejorar el rendimiento operativo de la red y atraer capital privado nacional e internacional.
Como pilar de esta reforma, la ENEE se descentralizara en tres empresas especializadas que asumirán, respectivamente, las labores de generación, transmisión y distribución. Pese a esta reorganización operativa, la infraestructura y activos continuarán bajo dominio exclusivo del Estado sin posibilidad de venta, mientras que la firma matriz coordinará las operaciones bajo esquemas de mantenimiento conjuntos.
Para garantizar la cobertura energética en la próxima década, el proyecto contempla una inversión estratégica de aproximadamente 6,000 millones de dólares destinada a ampliar la capacidad de generación y distribución. Dado que las arcas públicas carecen de los fondos necesarios para asumir este monto, se facilitará la inyección de capital privado y se desvinculara al Operador del Sistema (ODS) de la estructura interna de la estatal para alinearlo al mercado.
La fase inicial del plan contempla la creación de un comité de conducción integrado por los titulares de Energía, Finanzas y Transporte, junto a los directivos de la ENEE y la CREE. Este grupo, respaldado por un equipo técnico, elaborará las propuestas de planificación que deberán someterse a la aprobación de la junta directiva antes de su aplicación formal.
Una de las prioridades inmediatas será solventar los severos problemas de transmisión que restringen la integración de energías renovables. En la actualidad, deficiencias en las redes provocan que infraestructuras clave como la represa Patuca III solo aprovechen 70 de sus 105 megavatios de capacidad, razón por la cual se plantea el desarrollo urgente de 22 líneas de transmisión.
Finalmente, las autoridades ratificaron un plan de ahorro en el gasto energético y anunciaron medidas frente al alza internacional de los carburantes. En lugar de suspender los tributos vigentes, el Estado asumirá el costo equivalente al impuesto del diésel durante un trimestre con el fin de proteger la economía familiar y el sector transporte.
