La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron un comunicado en el que condena enérgicamente la creciente violencia y criminalización contra periodistas y medios de comunicación en Honduras.
La organización ha expresado su preocupación por los recientes ataques y amenazas dirigidas a profesionales de la prensa, instando al Estado hondureño a garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo.
Caso del periodista Frank Mejía
Uno de los casos más alarmantes es el del periodista Frank Mejía, quien el pasado 18 de mayo fue víctima de un allanamiento ilegal en su vivienda por parte de agentes de la Policía Nacional.
Según denuncias, Mejía fue esposado, golpeado y amenazado de muerte, además de sufrir el robo de sus pertenencias personales. El periodista ha manifestado su temor por su seguridad y la de su familia, así como por la integridad de sus colegas.
La RELE ha advertido que este caso no es aislado, sino que forma parte de un patrón más amplio de hostigamiento contra la prensa en Honduras.
La organización ha recibido reportes sobre procesos penales impulsados por autoridades estatales y altos mandos militares contra diversos medios de comunicación, incluyendo El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, HCH, Q’Hubo TV, Criterio HN, Noticias 24/7, Hondudiario y Radio Cadena Voces (RCV). Estas acciones se basarían en presuntos delitos de injuria y calumnia, con el aparente objetivo de silenciar investigaciones periodísticas sobre asuntos de interés público.
Preocupación por discursos oficiales
La RELE también ha manifestado su inquietud por declaraciones recientes de la Secretaría de Defensa y las Fuerzas Armadas, en las que descalificaron como “falsas y temerarias” las denuncias de periodistas. En particular, cuestionó una publicación del 26 de mayo en la revista digital oficial FF.AA. Digital, titulada “Sicarios de la verdad”, que incluyó imágenes de tres periodistas, lo que podría agravar el clima de intimidación y estigmatización.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recordado que el uso del derecho penal para castigar discursos sobre asuntos públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
