A raíz de la orden emitida por la presidenta Xiomara Castro para que la Secretaría de Transparencia rinda un informe en 72 horas sobre las asignaciones presupuestarias entre el Congreso Nacional y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el ministro de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado, reconoció que la práctica de estas asignaciones cuestionables no es nueva, sino una constante en la historia política hondureña.
“Esto lo hizo el Partido Liberal cuando estaba en el poder, lo hizo el Partido Nacional cuando estuvo en el poder… por eso tenemos que cambiar un montón de cosas del Congreso Nacional”, justifico salgado.
Por otra parte, Ricardo Salgado, respaldó la postura presidencial y lanzó un mensaje directo a las autoridades competentes.
“Si la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) piensa que hay indicios, debe proceder a hacer la investigación”, expresó Salgado.
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Salgado instó a asumir la responsabilidad institucional que corresponde. Su mensaje refuerza el compromiso del gobierno con la rendición de cuentas y abre la puerta a que el Ministerio Público, a través de UFERCO, tome cartas en el asunto si considera que hay elementos suficientes para actuar.
Además, enfatizó que ni los salarios de los diputados ni de los ministros permiten llevar adelante actividades proselitistas o satisfacer demandas clientelistas. “Nadie con su sueldo hace algo. Cuando usted aspira al Congreso de la República tiene que saber que va a tener que responderle a un montón de activistas”, afirmó.
Salgado fue más allá al calificar como “una distorsión completa” que los diputados actúen como inversionistas. Según él, muchos políticos ven la candidatura como una inversión personal, lo cual perpetúa un modelo disfuncional en el ejercicio del poder: “En Honduras no va a salir un político pobre de candidato a ningún puesto… cuando van a su siguiente turno, ya no quieren invertir su dinero”.
El ministro cerró haciendo un llamado a reconocer este problema estructural en el sistema político hondureño, subrayando que el problema no es exclusivo del presente, sino que también se arrastra desde legislaturas pasadas, algunas de las cuales manejaron montos mucho mayores, incluso “miles de millones de lempiras”, cuyos destinos aún generan sospechas.
Salgado dejó entrever que el problema es de fondo y no solo de coyuntura, lo que obliga a repensar el modelo operativo del Congreso y su vinculación con otras instituciones.
Aunque no entró en detalles técnicos sobre los fondos asignados, sus palabras reflejan una autocrítica infrecuente desde el interior del gobierno.
La expectativa ahora recae sobre el informe solicitado por la mandataria, que podría revelar nuevas luces sobre el uso de los recursos públicos y abrir el camino a posibles reformas que frenen la discrecionalidad histórica en este tipo de asignaciones.
