La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) publicó este miércoles un artículo revelador sobre el financiamiento de las campañas políticas en Honduras, destacando preocupaciones significativas sobre la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
Según el informe, los políticos ya han gastado 19 millones de lempiras en publicidad durante la campaña de cara a las elecciones primarias de 2025.
El Observatorio de la Democracia, una iniciativa de la RDD, ha identificado prácticas preocupantes que podrían comprometer la integridad del proceso electoral.
Entre los hallazgos más alarmantes, se señala que el 63.8% de las publicaciones realizadas por al menos 40 funcionarios del oficialismo ocurrieron en horario laboral, lo que sugiere un posible uso irregular de recursos estatales en la promoción política.
Además, el informe destaca la falta de avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad. A pesar de los compromisos asumidos por el actual gobierno, como la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), no se han concretado medidas efectivas para su implementación.
En cambio, se han aprobado iniciativas como amnistías políticas y modificaciones en los tratados de extradición, que, según la RDD, debilitan el Estado de derecho y dificultan la rendición de cuentas.
La RDD también ha señalado que Honduras mantiene las puertas abiertas al financiamiento ilícito de campañas políticas debido a la falta de fiscalización efectiva y la debilidad institucional.
El informe revela que desde 2021, los gastos de campaña electoral superan los 875 millones de lempiras, de los cuales más de 262 millones no fueron reportados a la Unidad de Política Limpia.
En comparación con otros países de la región, Honduras cuenta con solo cinco prohibiciones sobre el financiamiento a partidos políticos, mientras que otros países aplican entre nueve y quince regulaciones. Esta falta de regulación efectiva permite que el crimen organizado siga financiando la política hondureña, lo que representa una amenaza para la democracia y la transparencia en el país.
El artículo de la RDD pone de manifiesto la necesidad urgente de exigir mayores y mejores regulaciones en el financiamiento de campañas políticas en Honduras. La transparencia y la adecuada administración de los recursos destinados a las campañas son fundamentales para restaurar la confianza ciudadana en el sistema electoral y fortalecer las instituciones democráticas.
