La representante de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Isabel Albaladejo, señaló que las nuevas cárceles que el Gobierno de Honduras anunció, una en la reserva marítima de Islas del Cisne, y la otra en un lugar remoto entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, podrían agravar los problemas de gobernabilidad y los riesgos de violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario”.
El Gobierno reiteró esta semana que las dos cárceles serán construidas, sin importar la opinión de biólogos, ambientalistas y defensores de derechos humanos, que consideran que la de Islas del Cisne, causará un grave daño ambiental, lo que niegan funcionarios de la Administración que preside Xiomara Castro.
La prisión en Islas del Cisne sería de máxima seguridad para unas dos mil personas consideradas de alta peligrosidad, mientras que la segunda, entre Olancho y Gracias a Dios, sería para 20 mil según fuentes oficiales.
La OACNUDH, señaló Albaladejo, reconoce la apertura y voluntad del Estado de Honduras de avanzar en reformas y acciones de fortalecimiento institucional que permitan el respeto y garantía de derechos humanos en materia penitenciaria, seguridad y justicia.
Sin embargo, en Honduras “el sistema penitenciario ha enfrentado desde los años 90 una serie de problemas estructurales como el autogobierno, la corrupción, la ausencia de una carrera penitenciaria, el hacinamiento, la infraestructura inadecuada y la falta de acceso a servicios de salud y a la justicia por parte de las personas privadas de libertad”, agregó.
La diplomática expresó que son muchos los privados de libertad que no cuentan con una sentencia firme, y que la ley del sistema penitenciario adoptada en 2012, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, no ha podido ser ejecutada adecuadamente, ya que el sistema ha permanecido en diferentes estados de emergencia, trasladando el control y gestión penitenciaria a las autoridades policiales y militares.
Por otra parte, agregó que, en los centros de media y mínima seguridad, durante junio, julio y agosto de 2023, la OACNUDH documentó a partir de entrevistas a unas 500 personas asociadas a pandillas por las autoridades, denuncias de golpes, sometimiento a privación de sueño y racionamiento de alimentos y agua, lo que puede llegar a constituir una forma de malos tratos.
