La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacit), bajo la dirección del ministro Luther Castillo Harry, quedó envuelta en un nuevo escándalo por presunta corrupción tras la compra de 496 laptops por 12.5 millones de lempiras (25,200 por unidad).
La empresa beneficiada, Dicomarca S. de R.L., especializada en construcción, fue elegida pese a no contar con historial tecnológico comprobado, y a haber presentado la segunda oferta más alta —el doble de la más barata.
Empresa sin experiencia en tecnología: Dicomarca tiene antecedentes en obras civiles, no en suministro de tecnología y fue la segunda más alta: La más baja era de 6.5 millones, pero Senacit pagó 12.5 millones.
Sin sustento: Senacit descartó empresas por pedir más de 20 días de entrega, aunque ese criterio no figuraba como evaluativo en la licitación.
La Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC) y ONADICI detectaron fallas como falta de estudio de mercado, evaluación incompleta, y violaciones a leyes vigentes.
El diputado José Manuel Matheu calificó al ministro Luther Castillo de “ladrón” por adjudicar una compra inflada sin urgencia real.
La ASJ, por medio de Juan Carlos Aguilar, exigió investigación penal y administrativa ante posibles delitos por favoritismo o colusión.
La Senacit publicó un video generado con IA en el que defendía la trayectoria de Dicomarca desde 2015 en suministro tecnológico, mientras que los informes técnicos contradicen esta versión y recomiendan que el caso sea remitido al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Este caso se suma a otras polémicas recientes, como el “cheque video” de SEDESOL, donde también se denunciaron manejos irregulares de recursos públicos, debilitando aún más la percepción institucional del gobierno de Xiomara Castro.
La STLCC y ONADICI instan a reforzar mecanismos de control en adquisiciones públicas y exigen que se investigue si hubo responsabilidad administrativa, civil o penal.
La compra de laptops a una empresa constructora por el doble del valor más bajo disponible —y bajo la excusa de una urgencia no documentada— deja en evidencia debilidades estructurales en los procesos de contratación del Estado.
Aunque el ministro intente desmentir las acusaciones, los informes técnicos apuntan a un patrón preocupante de opacidad institucional.
El caso, revelado inicialmente por el medio digital ICN, ha sido confirmado por un informe de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC), que documenta múltiples irregularidades en la licitación pública nacional LPN-IHCIETI-FC-004-2025.
¿Estamos ante un nuevo escándalo de corrupción? La última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Cuentas. Mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando el precio de la opacidad institucional.
